El gobierno español pretende recortar más las pensiones

14/09/2020
La Comisión para el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados está de nuevo en marcha, con el objetivo de una próxima reforma del sistema. Sabemos por experiencia que reforma es sinónimo de recortes. Y los globos sonda que está mandando el gobierno de Pedro Sánchez a través de su Ministro de Seguridad Social, Escrivá, apuntan claramente en esa dirección.

 

De las informaciones ofrecidas (no hay documento alguno, y los debates del Pacto de Toledo son secretos), se puede concluir que se pretende:

  • Limitar la jubilación anticipada. Si siempre se ha penalizado, ahora se pretende dar una nueva vuelta de tuerca. Los coeficientes reductores se han ido aumentando, y se ha limitado la posibilidad de jubilarse anticipadamente. El ministro Escrivá considera que se necesitan más y mayores límites.

  • Incentivar que la gente siga trabajando tras la edad de jubilación legal. Se pretende premiar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales. Esta medida atenta contra las posibilidades de las personas jóvenes y/o desempleadas de acceder a un puesto de trabajo.

  • Recortar la cuantía de las nuevas pensiones, mediante la ampliación del número de años de cotización que se tienen en cuenta para hacer el cálculo de la prestación.

  • Respecto a la revalorización de las pensiones, y a pesar de que desde el gobierno se habla del compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo, no hay ninguna garantía de que esa sea la verdadera voluntad. Basta recordar que el acuerdo alcanzado por mayoría en el anterior periodo de sesiones recogía una fórmula muy ambigua, que para nada garantizaba la revalorización en función del IPC.

 

Junto a estos temas se habla, como en tantas otras ocasiones, de qué hacer con la pensión mínima, las pensiones de viudedad o de la separación financiera de las fuentes de financiación del sistema.

 

El 30 de enero tuvo lugar una huelga general, convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, a favor de, entre otras cuestiones, un sistema público de pensiones que garantice a las personas jubiladas, que cada vez representan una parte mayor de la sociedad, unos ingresos que les permitan poder llevar a cabo una vida que merezca la pena ser vivida. En esa huelga reclamamos dar marcha atrás en las últimas reformas de pensiones. Las intenciones del gobierno no dan respuesta a esa demandas. Al contrario, parecen un nuevo paso en el proceso de recorte paulatino y progresivo al que se viene sometiendo al sistema de pensiones en las últimas décadas. Para condicionar las decisiones políticas va a ser necesario seguir saliendo a la calle.