El Juzgado de lo Social da la razón a ELA y obliga a la Diputación de Araba y a la empresa a garantizar la salud de la plantilla en la residencia Ariznabarra de Gasteiz

Las medidas cautelares solicitadas por ELA en la residencia Ariznabarra, en Gasteiz, han dado sus frutos. Y es que, gracias a la demanda interpuesta por el sindicato, una resolución favorable de las medidas cautelares obliga a la Diputación y a la empresa a dar pasos reales para garantizar la seguridad y la salud de la plantilla frente al coronavirus. ELA se felicita porque el Juzgado de lo Social diera la razón al sindicato en las medidas cautelares y advirtiera tanto a la Diputación Foral de Álava, como a la empresa, de que la crisis sanitaria no podía conllevar la suspensión del derecho fundamental a la vida, la salud y la prevención. “Podemos afirmar que sólo empezaron a dar pasos cuando nuestra labor sindical y legal les obligaron a ello”. Es más, añaden que consiguieron reunirse con la propia Diputación a raíz de la demanda, y tuvieron ocasión de poner sobre la mesa cuestiones que les preocupaban tanto antes de la crisis sanitaria como después. “A día de hoy podemos decir que si bien siguen existiendo incidencias, no es menos cierto que se dispone de más y mejor material de protección”, concluyen.

Una medida que celebra el sindicato, pero sin olvidar la desprotección a la que la Diputación Foral de Araba ha sometido a las trabajadoras hasta ahora, a quien acusa de poner en grave riesgo la seguridad y la salud de su plantilla por falta de material de protección adecuado y suficiente. Los datos así lo demuestran, ya que 21 profesionales han dado positivo por coronavirus (además unas cuantas trabajadoras han dado positivo en anticuerpos) y ello, aseguran, tiene una relación directa con la falta de EPIs y resto de material de protección con la que se les ha obligado a trabajar. Cabe recordar que además de las trabajadoras contagiadas 40 usuarios y usuarias se han contagiado y 10 han fallecido.

En pleno pico de la pandemia el personal se vio obligado a fabricarse EPIs artesanales; reutilizaba mascarillas no reutilizables; utilizaba batas esterilizadas y recicladas que, siendo de un sólo uso, llegaban en mal estado y habían perdido su impermeabilidad; trabajaba con material defectuoso, incluso caducado o no homologado que no ofrecía la debida protección; y así un largo etcétera.

En este escenario y a la vista de que la empresa, y sobre todo Diputación, no daban pasos efectivos y reales, sino que pretendían eludir su responsabilidad, ELA decidió recurrir a los Tribunales para que fueran estos los que, una vez acreditada la situación de desprotección que vivía la plantilla, obligaran a los mismos a adoptar, de manera urgente, las medidas de protección necesarias, suficientes y adecuadas. “Mientras la Diputación no asumía su responsabilidad y la derivaba al Gobierno vasco, Ministerio de Sanidad... o se amparaba en la dificultad para adquirir material, lo que estaba en juego eran vidas, las vidas y la salud de las trabajadoras”, subraya el sindicato.

No obstante, ELA subraya que permanecen vigilantes y que se reservan todas las acciones, tanto jurídicas como sindicales, si en cualquier momento se pone en peligro la seguridad y la salud de la plantilla. “Queremos advertir a la Diputación y a la empresa que ante un eventual rebrote debemos estar preparados y no pecar, otra vez, de falta de previsión”. Así, advierten de que debe hacerse acopio de EPIs suficientes y de una calidad contrastada y reforzar la plantilla para que las cargas de trabajo sean asumibles. Asimismo, deben valorarse adecuadamente los riesgos de todas las categorías y proteger a todos los trabajadores por igual, sin discriminación alguna. “No podemos normalizar el contagio ni condenar a la plantilla a acudir a su puesto de trabajo con un riesgo cierto para su salud, e incluso para su vida”, afirman desde ELA.