ELA denuncia que los nuevos Juzgados de Violencia contra la Mujer en Gasteiz empeoran la seguridad de las víctimas

02/03/2018
El traslado de las dependencias del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gasteiz a una nueva ubicación cuyas obras se están ultimando empeora las condiciones de seguridad del personal y de la víctima y/o acompañantes. Así, la nueva sala para el presunto agresor-denunciado o detenido es de reducidas dimensiones y con una sola puerta. ¿Qué sucedería si se pusiera violento? La sala destinada a las víctimas es de solo 9 metros cuadrados, rodeada de sillas y sin ventana alguna. Esta sala debe albergar a la víctima y también a sus posibles acompañantes, en muchas ocasiones, menores de edad, incluidos bebés con sus correspondientes carritos.

Es obvio que una sala de esas dimensiones y característica no cumple los requisitos mínimos. Pero además, la conducción de esas víctimas y sus acompañantes se realizará en peores condiciones que ahora, pudiendo coincidir con el denunciado, situación nada deseable, además de foco de preocupación y posible estrés para el personal por falta de seguridad. Se trata de un traslado a una zona totalmente separada del resto de juzgados que va a dejar a las funcionarias solas y desprotegidas ante cualquier incidente.

El desprecio continuado hacia el personal de los Juzgados de Violencia y hacia el servicio público que prestan no es algo casual. Obedece, como en tantos y tantos sectores laborales feminizados, a una precariedad laboral que campa a sus anchas, más si cabe, en esos sectores donde la mujer es protagonista.

Cabe recordar que en junio de 2016, ELA formuló una propuesta al Departamento de Justicia para mejorar la situación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, dadas “las excepcionales situaciones de estrés y agotamiento, falta de valoración de puestos y oferta adecuada de formación, ausencia de medios, inexistencia de prevención de riesgos...”. En fin, penosas condiciones laborales que originan la huida generalizada a otros destinos.

Esta propuesta no recibió contestación del Departamento, pese a que contenía medidas que cualquier político responsable y con ética debiera querer para el personal que dirige y para el servicio público que debe prestar. Dichas medidas siguen siendo plenamente exigibles: refuerzo de plantillas; sustitución prioritaria de las bajas; provisión de todos los medios materiales y técnicos necesarios; adecuación de los espacios físicos y contratación de personal especializado para la atención de menores; evaluaciones de riesgos; formación específica y especializada; regulación de los turnos de los abogados de oficio; necesaria valoración retributiva de la especial penosidad, dificultad asociada a dichos destinos, etcétera.