Nueva jornada de huelga para reclamar el primer convenio provincial que garantice un modo de vida digno

Las trabajadoras han salido a denunciar el bloqueo que sufre la mesa negociadora del convenio (sin respuesta desde el 15 de marzo), la poca voluntad de las empresas y la inacción de la Diputación Foral de Álava para mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector.

Ante estas posiciones de inacción de las administraciones y las empresas, las trabajadoras han realizado una manifestación por el centro de la ciudad, pasando por el IFBS y acabando en Diputación con una sentada en modo de protesta. También se han realizado piquetes informativos a las entradas de las residencias a primera hora de la mañana. Las trabajadoras saldrán mañana día 24 también, para denunciar esta situación de bloqueo y para dar continuidad a las anteriores jornadas y dinámicas de huelga realizadas este año, y seguiremos con estas dinámicas hasta dignificar de una vez la gran labor que hacen las trabajadoras del sector laboral más precario.

Teniendo en cuenta los servicios mínimos que tenemos en este sector de los cuidados, 70% en gerocultores o auxiliares de enfermería, DUE personal sanitario 50% y técnicos 50%, desde ELA valoramos muy positivamente este día de huelga en el sector, ya que aún y con todos los impedimentos, hemos conseguidos sacar a muchas compañeras a la calle para reivindicar una calidad de vida digna.

A día de hoy, la patronal ofrece a estas trabajadoras un salario irrisorio de 1.350€ euros para el 2028 y que sigan trabajando la barbaridad de 1.742 horas anuales, de los ratios y de las multitareas mejor ni hablamos. La postura intransigente de la patronal, y la no voluntad de mejorar las condiciones precarias de este sector feminizado y racializado, dejan en evidencia que la patronal está muy cómoda en su postura.

Recordamos que este sector, al igual que el servicio de ayuda a domicilio o la intervención social, es un sector de cuidados casi privatizado en su totalidad, por lo que deberíamos empezar por tener, como mínimo, las mismas condiciones y derechos que las trabajadoras de residencias públicas.