ELA denuncia la privatización del servicio de análisis de ADN que viene realizando la Sección de Genética Forense de la Policía Científica de la Ertzaintza.
ELA-Ertzaintza denuncia que el 11 de abril el Gobierno Vasco ha publicado en su página web de contrataciones la apertura de un concurso para externalizar el análisis de ADN en la Ertzaintza. Con esta nueva externalización el Gobierno vasco incumple el acuerdo de la Mesa General de la Función Pública Vasca del año 2011 en la cual el Gobierno Vasco se comprometía a no externalizar nuevos servicios. Tenemos un ejemplo cercano en el que ELA denunció y se movilizó ante la intención de Osakidetza de privatizar varios servicios del Hospital de Urduliz, donde definitivamente se decidió cancelar las licitaciones de la cocina, limpieza, esterilización y mantenimiento de este hospital.
Detrás de este nuevo intento de privatización del Departamento de Seguridad está la nula voluntad de reforzar un servicio público y de calidad que se viene ofreciendo desde hace muchos años, siendo de hecho el laboratorio de Genética de la Ertzaintza uno de los primeros en acreditarse en todo el Estado para la realización de estos estudios.
Con esta decisión El Departamento de Seguridad plantea gastar 800.000 euros en 2 años (200.000 euros en 2018 y 600.000 euros en 2019) en lugar de reforzar el servicio de que dispone.
Leyendo las Bases Técnicas de la licitación se puede comprobar que el propio Gobierno Vasco exige que “los trabajos analíticos se llevaran a cabo por personal técnico de laboratorio, quienes deberán disponer de la titulación exigida según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 (biología, bioquímica, farmacia, química, medicina, veterinaria)”. Estos requisitos de titulación, que la ley demanda para que los análisis puedan utilizarse en los tribunales de justicia, no están contempladas en la RPT de la Ertzaintza, negando el Departamento de Seguridad en repetidas ocasiones en la mesa 103 a solicitudes de ELA, que sean requisitos necesarios para las plazas de Policía Científica, cuya función es obviamente realizar estos mismos trabajos. Esta misma respuesta ha sido dada por la Dirección de Recursos Humanos a varios afiliados que solicitaban que los requisitos reales de titulación que son indispensables para el trabajo diario en las secciones técnicas de la Policía Científica aparezcan en la RPT, escudándose en que se trataban de cuestiones internas de la propia unidad. Con esta licitación el propio Gobierno Vasco destapa la mentira que durante años ha vendido el Departamento de Seguridad respecto a las titulaciones exigibles para la realización de análisis técnicos en la Ertzaintza. ¿Por qué negar la necesidad de unos estudios, cuando el propio departamento lo exige en otras plazas como las de marinero o la de piloto de helicópteros en la misma RPT?
Pero el problema es aún más grave si consideramos que la misma Consejera de Seguridad mintió en sede parlamentaria en respuesta a la pregunta presentada por el parlamentario D. Julen Arzuaga el 3 de julio de 2014 sobre la titulación del personal de Policía Científica de la Ertzaintza, en la que preguntaba por cuál era la titulación que se exige a los ertzainas (para realizar los análisis de ADN) y ella contestaba que sólo era necesaria la categoría profesional (agente, agente 1º, etc.) cuando el propio Gobierno Vasco, ahora, reconoce que es obligatoria la titulación exigida por la norma ISO 17025 a quien quiera realizar los informes de identificación mediante ADN.
Esta falta de respeto por la labor de los ertzainas que están trabajando en las secciones de carácter técnico de la Policía Científica ha hecho que durante los últimos años la sección de Genética Forense haya visto disminuida la cantidad de técnicos con licenciatura, perdiéndose un capital humano que durante años ha estado realizando una labor de calidad como lo demuestran la gran cantidad de casos resueltos por la Ertzaintza en las que los análisis de ADN han sido una herramienta vital.
Es muy preocupante que además las propias bases ponen en peligro la validez de los informes que emita la empresa privada que se adjudique la licitación, puesto que solo exige que “los informes periciales serán firmados, por al menos, una persona técnica con titulación superior universitaria y de una persona auxiliar en laboratorio”, cuando la ley de enjuiciamiento criminal exige que sean dos peritos (personas con conocimientos técnicos para defender la pericia ante los tribunales) los que los firmen. La práctica diaria además nos ha enseñado que este tema en particular es muy importante, puesto que el día de la vista oral nunca se puede descartar que uno de los técnicos no pueda asistir debido a otra citación en otro juzgado, enfermedad, etc. Así que los informes firmados por un solo técnico con titulación puedan ser de nulo valor, con lo cual no sólo sería echar el dinero a la basura si no hacer el ridículo ante la justicia y la propia sociedad vasca. Nos tememos más bien que, si además de este punto tenemos en cuenta el breve periodo que tienen las empresas interesadas para presentar ofertas y que hasta la fecha no hay ninguna empresa de la CAPV que se encuentre acreditada para realizar este tipo de análisis nos encontremos en realidad con una triquiñuela para poder adjudicar a dedo estos trabajos.
La decisión es de una gravedad extrema ya que el Departamento de Seguridad esta cediendo a una empresa privada datos judiciales, muestras con restos de ADN que tienen un potencial para revelar datos de identidad genética, que necesitan de una especial protección y garantía.
Lo peor de todo es que este dispendio de dinero público ni siquiera va a ser una medida eficaz, puesto que si tenemos en cuenta que a principios de 2018 hay aproximadamente 15.000 muestras pendientes de analizar, y según las bases administrativas se van a pagar 345 euros por el análisis de las muestras con ADN suficiente para realizar análisis de STRs y 103 euros si estas muestras carecerían de ADN suficiente para realizar análisis de STRs, en el mejor de los casos se podrían realizar unas 2500 muestras hasta finalizar el periodo, con lo cual los números demuestran que sería una mera maniobra de maquillaje.
En vez de malgastar el dinero público en privatizar este servicio, sería necesario un cambio en la actitud del Departamento de Seguridad, hasta la fecha empecinado en negar la obviedad, y con esos 800.000 euros podría conseguir aumentar la dotación de personal de la que dispone la Sección de Genética desde las 10 plazas actuales hasta 15 dotaciones, con personal técnico con capacidad de realizar las pericias y defenderlas ante los tribunales de justicia y poder triplicar el número de muestras a analizar desde las 2.500 hasta más de 7.000 muestras en el mismo periodo de tiempo, dando un mejor servicio a la sociedad vasca.