NOVALTIA

Diez extinciones de contrato para evitar el desplazamiento forzoso a Zaragoza

Diez extinciones de contrato para evitar el desplazamiento forzoso a Zaragoza
ELA logra que la empresa indemnice a las personas trabajadoras con una cuantía que supera ampliamente la del despido improcedente. La empresa se ha visto obligada a abonar la indemnización por despido improcedente más 9000 euros en concepto de daño y perjuicio para cada persona trabajadora. Mientras, una trabajadora continuará defendiendo su puesto de trabajo en Zaratamo.

El 30 de junio, la cooperativa farmacéutica Novaltia comunicó por carta a 11 personas trabajadoras que serían trasladadas a Zaragoza a partir del 31 de julio, una maniobra que ELA calificó de persecución sindical. No en vano, las once personas afectadas por el traslado forzoso secundaron, durante tres años, una huelga que culminó con un acuerdo que mejoró las condiciones de trabajo de toda la plantilla de Novaltia Bizkaia, incluyendo al personal no huelguista. 

ELA interpuso entonces una demanda en el Juzgado de lo Social de Bilbao en contra del traslado y solicitando medidas cautelares que evitaran los traslados. En la misma, alegó vulneración de derechos fundamentales, persecución sindical, y un ataque contra el derecho de cuidado, ya que 7 de estas 11 personas tienen personas a su cargo. Ahora, la empresa se ha visto forzada a abonar la indemnización por despido improcedente más 9.000 euros en concepto de daño y perjuicio para cada persona trabajadora. Una trabajadora ha decidido continuar defendiendo su puesto de trabajo en Zaratamo. Su juicio en contra del traslado será el 11 de septiembre.

EL 22 de julio (Nueve días antes del traslado a Zaragoza), 10 de 11 de las personas trabajadoras afectadas aceptaron una propuesta indemnizatoria realizada por la empresa. 

ELA denuncia que el objetivo de Novaltia era, desde el inicio, despedir a las personas que mejoraron las condiciones de trabajo del conjunto de la plantilla. En ningún caso se ha pretendido, denuncia el sindicato, que acudieran a trabajar al centro de Zaragoza. “Una vez más, las empresas se aprovechan del procedimiento de movilidad geográfica impuesto por la reforma de Rajoy que permite a las empresas someter al chantaje a los trabajadores y trabajadoras y forzar, en la mayoría de los casos, la rescisión del contrato”, denuncia. 

Del mismo modo, ELA señala que los diferentes gobiernos, y las mayorías que los sostienen, mantienen en la actualidad dicha reforma.