ITASUA ITV (BERGARA Y ZARAUTZ)

ELA exige al Gobierno Vasco que asuma su responsabilidad en el conflicto

ELA exige al Gobierno Vasco que asuma su responsabilidad en el conflicto
Las y los trabajadores mantienen la huelga indefinida y reclaman la implicación de las instituciones para desbloquear la negociación de un convenio propio.

La plantilla de las ITV de Bergara y Zarautz ha reclamado este martes la implicación directa del Gobierno Vasco para poner fin al conflicto laboral que mantiene bloqueada la negociación de un convenio propio. Las y los 55 trabajadores continúan en huelga indefinida y aseguran que mantendrán e intensificarán las movilizaciones mientras no se alcance un acuerdo que equipare sus condiciones laborales con las del resto de estaciones de ITV de Gipuzkoa.

Durante una comparecencia pública, los trabajadores han recordado que la ITV es un servicio obligatorio y de interés público, por lo que consideran que las instituciones vascas, como responsables de garantizar su correcto funcionamiento, no pueden permanecer al margen del conflicto. En este sentido, han instado al Gobierno Vasco a asumir la responsabilidad que le corresponde para que la gestión del servicio responda al interés general y no únicamente a criterios económicos.

ELA señala que la negociación continúa completamente bloqueada por la actitud de la empresa. ELA ha denunciado que, en lugar de mostrar voluntad negociadora, la empresa está vulnerando el derecho de huelga con la sustitución ilegal de personas trabajadoras. Unos hechos confirmador por la Inspección de Trabajo, quien los ha calificado de infracción muy grave.

Las plantillas reclaman un convenio propio que corrija las diferencias existentes con el resto de ITV de Gipuzkoa. Según denuncian, realizan 133 horas más de trabajo al año y perciben entre 2.000 y 6.000 euros menos de salario anual que el resto de la plantilla del sector en el territorio. Frente a esta situación, ELA recuerda que los propietarios de la empresa han repartido en los últimos años dividendos por valor de seis millones de euros.

ELA insiste en que el Gobierno Vasco no solo debe velar por el cumplimiento de la normativa técnica y el correcto funcionamiento del servicio, sino también debe asumir su responsabilidad cuando el modelo de gestión pone en riesgo la calidad y la seguridad de un servicio esencial para la ciudadanía.

La plantilla ha reiterado su disposición al diálogo para alcanzar una solución justa, aunque insiste en que no renunciará a las movilizaciones mientras no se desbloquee la negociación.  ELA recuerda que las condiciones laborales de la plantilla también repercutirá en un mejor servicio para el conjunto de la sociedad.