ELA exige al Gobierno vasco y Kutxabank que impidan la venta de la infraestructura de Euskaltel
El pasado mes de junio, desde ELA advertimos que Zegona había entrado en Euskaltel con dos directrices muy claras: reducir costes y maximizar beneficios. Entonces, también denunciamos los despidos de la nueva Dirección (ya se venían amortizando puestos de trabajo anteriormente) y exigimos al Gobierno Vasco que interviniese, aunque esto último no ha sucedido.
Ahora, en octubre, conocemos la intención de Zegona de vender la infraestructura de fibra óptica. Si es así, estaríamos ante un hecho muy grave, ya que esa infraestructura es uno de los activos más importantes de Euskaltel para sus clientes y recordemos, fue creada con dinero público. Tampoco tenemos dudas de que esta decisión va a afectar a la plantilla actual, pues este cambio supondría una modificación del modelo de empresa.
Nadie debería tener dudas sobre lo que quiere hacer Zegona. Todos conocemos las tres fases de su estrategia: comprar, arreglar y vender. De hecho, a pesar de que Euskaltel obtuvo unos beneficios de 92 millones de euros en el ejercicio pasado, este accionista mayoritario viene a hacer lo que hace cualquier fondo: maximizar sus beneficios a costa de todo. Todo vale para conseguir dinero fácil. Esta vez, con otro “pelotazo”, que nadie, además, puede asegurar que se use como reinversión para la posible expansión territorial.
El problema ante el que nos encontramos ahora es saber si quienes pueden y deben impedirlo, lo van a hacer. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Euskaltel es una empresa importante y estratégica para nuestro país. Desde ELA entendemos que quienes pueden parar los pies a Zegona son las mismas instituciones y entidades que provocaron la privatización y desinversión de Euskaltel: Gobierno Vasco y Kutxabank. No valen excusas.
Estamos frente a otra operación financiera que tendrá graves consecuencias, pero esta vez, no solo sobre la plantilla de la empresa, sino también sobre la ciudadanía, ya que una vez más, merece recordar que, en sus orígenes, la red se financió con dinero público.