Directiva de retorno, directiva de la vergüenza (Opinión)
ELA se suma a la campaña contra la directiva de la vergüenza propuesta por varias organizaciones por toda Europa, como protesta al polémico proyecto Directiva de Retorno de inmigrantes sin papeles “procedimientos y Normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio”.
Desde los años 90 la política europea llevada a cabo por los distintos Gobiernos en materia de inmigración y de asilo ha conducido a una reducción continua de las garantías y protecciones fundamentales de las personas. Europa se transforma a pasos agigantados, en una fortaleza atrancada e implanta medios desproporcionados para impedir el acceso a su territorio y expulsar a las personas extranjeras sin papeles.
El proyecto de Directiva de Retorno, si se lleva a cabo, constituiría una nueva regresión.
• Al prever una detención que puede alcanzar hasta 18 meses para personas cuyo único delito es querer vivir en Europa, este proyecto implica en si mismo una lógica inhumana: la generalización de una política de encierro de los extranjeros que podría así convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes.
• Al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, este proyecto de Directiva estigmatiza a las personas sin papeles y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos.
La anterior es una proposición presentada en la Eurocámara que por ahora ha fracasado, en virtud al rechazo planteado por 10 países de los 27 estados miembros, Italia, Francia, Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Malta, Lituania, Grecia y Polonia, no porque tengan mejores planteamientos, sino porque exigen incluir condiciones aún más descarnadas a las presentadas en esta proposición.
El estado español por su parte se muestra a favor de dicha propuesta. El gobierno del PSOE también pretende “endurecer la lucha contra la inmigración irregular”. Estos mecanismos discriminatorios y lesivos de los derechos de las personas inmigrantes contribuyen a perpetuar la irregularidad. Han anunciado una reforma de la Ley de Extranjería, elevando el plazo de internamiento de las personas extranjeras que traten de entrar en España de manera irregular. Hasta el día de hoy el plazo es de 40 días, la justificación es muy pobre al decir que se requiere más tiempo para llevar a cabo las repatriaciones, porque los procesos son complejos.
Estos son más pasos para continuar fomentando el racismo y la xenofobia, es decir el colchón perfecto para tapar los abusos y la explotación sociolaboral. Una iniciativa más que atenta contra los derechos fundamentales de las personas inmigrantes Nos unimos a la exigencia de derechos para todas las personas y, a solicitar a los parlamentarios europeos para que asuman sus responsabilidades y rechacen este proyecto, que criminaliza a personas cuyo único delito es querer mejores condiciones de vida. De igual manera, exigimos al gobierno del PSOE que se desmarque de implementar políticas de represión, nada dignas de un partido político que se jacta al decir que es socialista.