Europa quiere mano de obra pura y dura (Opinión)
Emérita Cuéllar.
Corren malos tiempos para las personas trabajadoras en este mundo globalizado, pero más para quienes optan o se ven obligadas a emigrar. En cambio todo es más fácil para las mercancía y las grandes empresas.
En este paisaje neoliberal podemos decir que los gobiernos de los grandes y poderosos países del mundo, llevan tiempo avanzando un camino para buscar sus mejores posiciones, pero no las de todas las personas, sino de unas cuantas.
Estamos viendo como la Unión Europea, que históricamente ha sido referencia en apostar por el estado de bienestar para sus habitantes y propugnar por valores de convivencia y democracia en el mundo, hoy buscan soluciones a sus aspiraciones económicas, sin tener ningún reparo en hacer políticas deshumanizadas violando los Derechos Humanos.
Simultáneamente a esto se acentúa otro escenario, y es que el envejecimiento de la población genera la necesidad de mano de obra inmigrante.
Varios países de la UE valoran la inmigración únicamente como la solución a esta realidad, como una ganancia y como un fenómeno inevitable en estos tiempos de corrientes neoliberales. A pesar de esto, no asumen sus responsabilidades en materia de derechos sociales y humanos.
Por ejemplo, Francia plantea extremadas restricciones para las reagrupaciones familiares. La Cámara Francesa de los Diputados aprobó un proyecto de Ley para “el control de la inmigración”, una disposición que ha suscitado el rechazo total por parte de la oposición de izquierdas, así como de grupos sociales.
La Ley francesa pide demostrar la filiación de parentesco a través de un voluntario test de ADN, y exige un examen de lengua y cultura Francesa. Francia, apuesta en dar un salto "de la inmigración sufrida a la escogida" – dice Sarkozy -. La estrategia es reducir “el predominio” de la inmigración familiar y de aumentar la económica. Es decir quieren sólo trabajadores/as.
Asimismo, Bruselas intenta atraer a inmigrantes cualificados. El vicepresidente de la Comisión Europea quiere proponer ante el consejo de ministros, la idea de una “tarjeta azul” como el “color de la bandera de la UE”, es decir inmigración selectiva. Otra vez concluimos que se quiere sólo trabajadores/as, pero esta vez además cualificados.
En la misma línea, el Estado Español reafirma su apuesta por la contratación en origen, prestaciones transnacionales de servicios, trabajadores/as de temporada ó a través del cupo o contingente.
Contrataciones que en muchas ocasiones son para realizar trabajos precarios, duros, sucios, sin definición en los contratos, con largas jornadas, muchas veces sin pago de horas extras, de duración máxima de un año, con interrupciones de hasta seis meses para evitar la continuidad. Además genera una situación de dependencia añadida frente al empleador/ra, para que una vez termine el periodo de contrato, retorne al país de origen, y no dar lugar a temas de arraigo o compromiso de contratos fijos. Y una vez más concluimos, que sólo se quiere trabajadores/as para ser tratados como mano de obra pura y dura.
Las leyes y propuestas que hemos comentado, contienen una clave esclavista. Las personas inmigrantes son vistas como contribuyentes económicas, es decir trabajadores/as, en lugar de personas. Y serán valiosas para estas sociedades y para las empresas, entretanto su trabajo cueste menos que el de un trabajador de aquí, es decir mano de obra barata.
Para ELA una vez más la polémica con las políticas de inmigración, ilustran que la cultura actual para gobernar se basa en el recorte de derechos fundamentales y la desigualad social. Una realidad que conlleva la exclusión y tiene como consecuencias más conflictos de clase, discriminación, racismo y xenofobia.
La estrategia económica ya estaba diseñada y aplicada por políticos y empresarios, antes de la llegada de la nueva migración. Estas personas son otras victimas de esta situación, igual que muchas y muchos trabajadores europeos. Por esto, la lucha de clase es unificada, no debemos permitir que la dividan entre los/as de aquí y los/as de allá.
Tenemos que plantarle cara al empresariado, si lo que pretendemos es cambiar las políticas injustas, y que todas las personas podamos disfrutar de un reparto de derechos sociales en equidad. Independiente del lugar donde hayamos nacido. Nuestro cometido es lograr el reparto de la riqueza y no asumir la pobreza.