Nos quitan la justicia y nos dejan la Ley (Opinión)
Emérita Cuéllar y Mitxel Lakuntza.
El anuncio del Gobierno español de restringir el acceso a la sanidad pública va a acarrear el aumento del copago farmacéutico, restricciones para las personas mayores de 26 años, recortes en las plantillas, cierres de centros de salud, etc.
Sin embargo, es mucho más grave la restricción que afecta a las personas inmigrantes que no cuentan con papeles, ya que, a partir del 1 de septiembre, se les denegará la atención sanitaria salvo algunas excepciones.
No debería existir ningún argumento para negar el derecho a la salud. Por ello, la decisión del gobierno es rechazable desde cualquier principio ético y democrático, ya que atenta contra la cohesión social y la solidaridad más elemental. Es una medida que viola los artículos 22 y 25 de la declaración universal de los derechos humanos.
Un paso atrás, o lo que es lo mismo, un retorno al pasado. De la titularidad y la condición de ciudadanía que acreditaba el padrón, que daba derecho a la asistencia sanitaria ante cualquier enfermedad, se pasa a otro sistema, en el que este derecho esta ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social.
Es decir, el Estado se desvincula de un derecho tan esencial como el de la atención sanitaria, condicionándola a unos requisitos determinados. No quieren una sanidad pública, y menos universal. Se busca, empezando por los sectores más débiles, abrir espacios a la privatización de la salud. Es la denuncia de un gran número de organizaciones sociales, así como de las trabajadoras y trabajadores de la salud, que reivindican: un paciente es un paciente, sea de otro país o tenga rasgos físicos diferentes, y no se le puede abandonar.
El Gobierno del PP justifica la restricción omitiendo que las personas inmigrantes sin papeles también aportan a las arcas del Estado. Todas estas personas, independientemente de su nacionalidad, tengan papeles o no, viven y compran aquí, es decir, pagan el IVA y otros impuestos.
En esa línea, los gobiernos del PSOE y del PP han armado el escenario para desmontar el estado de bienestar. La prueba es el recorte aprobado por el gobierno del PP en el ámbito de la sanidad pública, que supone reducción en las coberturas y deterioro en la calidad del sistema sanitario.
Lo cierto es que estos recortes son parte de la política de “asfixia” que estigmatiza y culpabiliza socialmente a un colectivo especialmente castigado por la precariedad social y laboral, a la vez que los verdaderos orígenes de la crisis y sus responsables continúan inmunes.
Ante la gravedad de estas medidas, ELA exige a las instituciones políticas de Euskal Herria que se nieguen a aplicar en sus ámbitos de actuación los recortes aprobados por el Gobierno Español. Cuando la única iniciativa concreta que se anuncia, en el caso del Gobierno de Gasteiz, es la puesta en marcha de un recurso de invasión competencial ante el Tribunal Constitucional, queda patente que para el Gobierno de Patxi López esta cuestión es solamente un contencioso jurídico, y no político. Se trata, en otras palabras, de escurrir el bulto.
No hay una posición institucional en contra de estos recortes por parte de los gobiernos de Gasteiz e Iruña. Como tampoco la ha habido al restringir el acceso a la renta básica o la Renta de Garantía de Ingresos, que han empujado a la exclusión y la marginación social a miles de personas.
Por todo lo anterior, ELA llama a toda la sociedad a posicionarse en contra de estas leyes, que atentan contra toda expresión humana de solidaridad, y contra la destrucción del estado de bienestar, que tanto ha costado a esta sociedad. En definitiva, menos leyes, más justicia.