ELA denuncia la situación en El Salvador tras reunirse con activistas salvadoreñas
Cruz y Joya llevan aproximadamente un año en Euskal Herria, donde permanecen tras la emisión de órdenes de detención en su contra por parte del gobierno salvadoreño, lo que les impide regresar a su país. Las tres forman parte de El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), una articulación de 34 organizaciones del movimiento popular que se sitúa como uno de los principales espacios de oposición al gobierno.
Durante la reunión, han trasladado que desde 2019 El Salvador vive una deriva autoritaria bajo la presidencia de Nayib Bukele, en un contexto de estado de excepción prolongado que ha supuesto la suspensión de derechos constitucionales. Denuncian un aumento de la militarización, el deterioro de las condiciones de vida y una grave situación en el ámbito laboral.
Las activistas denuncian también ataques directos a la actividad sindical, incluyendo violaciones del fuero sindical, ilegalización de sindicato, persecución de representantes de trabajadores, al menos 17 sindicalistas detenidos y varios fallecimientos bajo custodia policial. Este contexto, afirman, genera un clima de miedo que dificulta la organización colectiva y favorece la precarización laboral.
Las activistas denuncian que la deriva autoritaria se ha consolidado mediante cambios en el sistema institucional, como la destitución de magistrados y su sustitución por perfiles afines, lo que ha permitido reinterpretar la Constitución y abrir la puerta a la reelección de Nayib Bukele. A su juicio, estas medidas, junto con otras reformas que debilitan la separación de poderes y modifican las reglas electorales, buscan facilitar la continuidad del gobierno y limitar la alternancia democrática.
En paralelo, alertan de violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo la muerte de cientos de personas en prisión por torturas o falta de atención médica, así como situaciones de violencia en centros penitenciarios. También denuncian el desmantelamiento de los servicios públicos y la precarización de la atención, junto con medidas como la Ley de Agentes Extranjeros, que grava la financiación internacional a organizaciones sociales y ha debilitado especialmente a colectivos sociales y feministas.
Las activistas denuncian igualmente una ofensiva contra el feminismo, con la eliminación de la perspectiva de género en la educación pública, restricciones al lenguaje inclusivo y un retroceso en derechos de las mujeres, en un contexto general de represión y reducción del espacio cívico.
ELA, por su parte, reafirma su compromiso con la solidaridad internacionalista y subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia ante un contexto de consolidación autoritaria en El Salvador, el debilitamiento de las garantías democráticas y la vulneración sistemática de derechos humanos y laborales.