El acuerdo alcanzado por la UE empeora la propuesta de la Comisión Europea

Tras cuatro días de negociaciones la Unión Europea ha llegado a un acuerdo celebrado por la mayoría de los estados, así como por los presidentes de los organismos europeos. Un acuerdo que algunos han denominado como un Plan Marshall europeo y que según estos cambia el paradigma de la unión. No obstante, lo acordado está lejos de garantizar una salida social a la crisis y más si cabe tras las concesiones realizadas a los países austericidas.

El fondo estará compuesto por 750.000 millones de euros, la misma cantidad que la propuesta inicial. Sin embargo, la proporción subvenciones/préstamos ha variado en detrimento de las transferencias a fondo perdido. Lo que antes eran 500.000 millones de subvenciones, se ha reducido hasta los 390.000 millones de euros. Esta reducción va a aumentar la deuda de los países receptores de las ayudas, ya que tendrán que devolver cuantías que de haberse aceptado el plan inicial no se tendrían que devolver.

En cuanto a las condiciones, las instituciones europeas y los gobiernos de la Unión condicionan la percepción de recursos económicos (mediante transferencias o préstamos) a la aplicación de políticas de ajuste y a las llamadas reformas estructurales. Los estados que adquieran estos fondos deberán realizar planes nacionales de reforma. Estos planes pasan por la autorización de la Comisión Europea, tras ser analizado por el Comité económico y Financiero (que estará compuesto por técnicos de los ministerios de economía de todos los estados miembros). Si uno o más miembros de ese comité planteara objeciones, el expediente podría elevarse al Consejo Europeo. Si el Consejo se pronunciarse en contra de los planes, podría equivaler a un veto político de facto.

En resumen, cualquier estado podrá denunciar que otro no está cumpliendo con las reformas necesarias, lo que significa que todos los estados podrán poner trabas al reparto de ayudas. Vistas las posiciones de algunos países en las negociaciones, nada presagia que las ayudas se vayan a a dar fácilmente y vaticinan un control férreo de los países austericidas o los mal llamados frugales. Lo que es evidente es que los estados miembros no podrán gastar como quieran y que su política estará intervenida mientras dure la concesión de las ayudas.

ELA reitera que el acuerdo alcanzado no da respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, económica y social que vivimos tras el Covid-19. Tanto los medios de comunicación, como algunos políticos están tratando de crear la esperanza de que la solución a los problemas provenga de esos fondos europeos. Está claro que eso no va a ser así, ni por la cuantía, ni por los plazos, ni por la finalidad de los plazos, ni por las condiciones de las políticas que van a imponer.