ELA denuncia la criminalización de la protesta social

El 28 de agosto de 2025, en Córdoba, una movilización legítima de organizaciones sociales fue respondida con violencia policial y la detención de 15 personas, entre otras, dirigentes sindicales como Federico Giuliani, quien además ha estado recientemente en Euskal Herria como parte de un programa de acogida y protección internacional para defensores de derechos humanos y perseguidos políticos. Las personas detenidas sufrieron malos tratos, condiciones indignas de reclusión y el uso desproporcionado de la fuerza, que dejó incluso heridos de gravedad.

En Misiones, la ofensiva judicial contra la acción sindical continúa. Trabajadores y trabajadoras del sector público han sido llevados al ámbito penal por participar en protestas laborales. Dirigentes como Mónica Gurina y Leandro Sánchez han sido condenados por el ejercicio de su actividad sindical en un proceso que sigue en apelación.

Estos hechos suponen un ataque directo a derechos fundamentales como la libertad sindical, el derecho a la protesta y la libertad de expresión. La utilización de mecanismos penales para perseguir la organización de la clase trabajadora marca un precedente inaceptable y profundamente antidemocrático.

Desde ELA mostramos nuestra solidaridad con las personas represaliadas y alertamos de un proceso de criminalización que busca disciplinar y silenciar la lucha social. Frente a ello, reafirmamos la necesidad de reforzar la solidaridad internacional y la defensa colectiva de los derechos laborales y democráticos.