Informe: “Colombia: la Paz en Riesgo”
El texto final del Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos parciales, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos. Uno de sus principales avances fue la creación de un sistema de justicia transicional y restaurativa que, caso fuera correctamente implementado, podría beneficiar a las víctimas y evitar la impunidad sobre los hechos históricos del conflicto armado. Además, sentó las bases para la restauración de derechos como la restitución de tierras al campesinado desplazado y justicia a los familiares de las y los sindicalistas asesinados.
Sin embargo, tres años después, todos los balances de la implementación y de monitoreo del Acuerdo indican que la paz de Colombia está en grave riesgo. Es bastante claro que el actual Gobierno busca socavar los cimientos construidos por el Acuerdo de Paz.
El presidente de Colombia, Iván Duque, junto con sus aliados conservadores posibilitan una política de exterminio de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes en medio de una continua impunidad. Entre el 1 de enero de 2016 y el 8 de septiembre de 2019, 777 personas, líderes y lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos, han sido asesinadas en Colombia.
El Gobierno también ha declarado la guerra a los derechos laborales y sindicales al lanzar una agenda de reformas laborales y de pensiones contraria a los compromisos internacionales del país. Mientras tanto 15 millones de trabajadoras y trabajadores colombianos trabajan sin acceso a la seguridad social más básica y apenas 4,6% de las personas ocupadas se benefician de la negociación colectiva.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) junto con la Escuela Nacional Sindical y con el apoyo de las centrales sindicales afiliadas, CUT y CTC, revelan basados en cifras y evidencias cómo la paz está siendo atacada. El informe “Colombia: la Paz en Riesgo” muestra los retrocesos y riesgos del incumplimiento de los compromisos del Gobierno, la grave situación de los derechos humanos, así como los desafíos para el movimiento sindical y la comunidad internacional.