Por un tratado vinculante contra la impunidad de las transnacionales
Los Tribunales Internacionales de Arbitraje son mecanismos que permiten a las grandes corporaciones demandar a los Estados por haber adoptado, o intentado adoptar, medidas a favor de los derechos humanos o del interés público que les puedan suponer pérdidas. Los Estados pueden ser condenados a “compensar” a las empresas con cantidades desorbitadas de dinero. Ejemplos de estas demandas son la tabaquera Philip Morris (que en 2010 inició un proceso judicial en contra de Australia y Uruguay por la adopción de leyes que buscaban reducir el consumo del tabaco y mejorar la salud de la población) o la empresa francesa Veolia (que demandó en 2013 a Egipto por incluir un salario mínimo en una nueva ley laboral).
Existen mecanismos como estos para que las grandes empresas defiendan sus intereses, pero no existen normas internacionales vinculantes que permitan poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las ETNs. En definitiva, se protegen las inversiones de las empresas mientras que las personas y el medio ambiente están en absoluta desprotección.
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a las ETNs a respetar los derechos humanos. El instrumento busca contribuir a acabar con la impunidad y crímenes medioambientales cometidos por las ETNs, en particular en el Sur, y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, poniendo fin a las lagunas legales que existen a nivel global.
Para ello, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales (OEIGWG). Desde que se creó este grupo se han llevado a cabo un total de cuatro sesiones, marcadas por la ausencia de Estados Unidos y por la actitud hostil de la Unión Europea. De hecho, este año la UE se ha mantenido al margen de las negociaciones en la sesión y se ha desvinculado del consenso alcanzado en el grupo de trrabajo. El gobierno español ha actuado de la misma manera, a pesar de la existencia de dos proposiciones aprobadas en el Congreso que instaban a que se implicase de forma activa y propositiva en esa iniciativa. Así, los gobiernos de la Unión Europea actúan como Trump, y encabezan la defensa de los intereses del lobby del capital y las compañías multinacionales.
La cuarta sesión que se ha celebrado del 15 al 19 de octubre en Ginebra ha girado en torno al llamado Borrador Cero del Tratado Vinculante, en el que se debían establecer los elementos principales del futuro tratado. Ese borrador no da respuesta a las demandas de las organizaciones sociales y sindicales que conformamos la Campaña. Como se señala en la declaración aprobada, de cara a la siguiente Sesión, que tendrá lugar dentro de un año, se debe revisar a fondo el proyecto de Tratado presentado, incluyendo aspectos esenciales, como que se cumpla el mandato de las negociaciones para que el Tratado se dirija a las Empresas Transnacionales, que se contengan obligaciones directas para las ETNs, que se establezca la responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas matrices con las entidades a lo largo de la cadena global de producción, o que se cree una Corte Internacional de Monitoreo de las ETNs.
La Campaña está sirviendo para mejorar la correlación de fuerzas existente. Tenemos que seguir trabajando para desmontar el poder corporativo y su red de alianzas con el poder político y mediático. Y para eso es esencial la sensibilización y la lucha en los ámbitos locales.