Se profundiza el retroceso democrático en El Salvador
Durante el encuentro, Ivania Cruz ha denunciado el paulatino retroceso democrático que está viviendo El Salvador desde que Nayib Bukele asumiera el poder en junio de 2019. El retroceso se ha ido profundizando aún más a partir de mayo de 2021 cuando afines a Bukele obtuvieron el control de la Asamblea Legislativa lo que le permitió llevar a cabo modificaciones legislativas sustanciales e inconstitucionales, concentrando bajo su mando el poder ejecutivo, el poder legislativo, y el poder judicial.
De hecho, los partidarios de Bukele han utilizado su mayoría en la Asamblea para eliminar prácticamente todos los controles sobre el ejecutivo. Entre otras cosas, han nombrado un nuevo fiscal general y han aprobado leyes para la destitución de cientos de fiscales y jueces para poder sustituirlos por personas afines al gobierno.
En este contexto de impunidad, se ha impuesto una política estatal de miedo y control, así como de persecución política a voces críticas con el gobierno. Esta persecución y hostigamiento se extiende a organizaciones sociales, medios de comunicación y a la disidencia política, entre otros. Entre estos últimos destaca la persecución a miembros del FMLN o a exfuncionarias y exfuncionarios de los gobiernos anteriores del partido de izquierda.
El Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) surgió en 2021 precisamente a raíz de la detención selectiva de figuras de la oposición política. Según COFAPPES a día de hoy hay 28 presos y presas políticas en El Salvador, a quienes se detuvo alegando corrupción y otras irregularidades. Según denuncian, las detenciones se han dado bajo acusaciones infundadas, sin pruebas, sin respetar la presunción de inocencia y exponiendo a las personas detenidas a un circo mediático. Además de todo esto, estas personas están viendo vulnerados sus derechos fundamentales con medidas como la incomunicación o la prohibición de las visitas de sus familiares y abogados, bajo el pretexto del COVID. También, son preocupantes las precarias condiciones de salud de las personas mayores privadas de libertad que en algunos casos ya presentaban problemas de salud que se han visto agravados por su estancia en prisión.
La persecución del gobierno salvadoreño se extiende también a las organizaciones de la sociedad civil. Este último mes las sedes de al menos siete organizaciones no gubernamentales fueron allanadas en una supuesta investigación por corrupción. Entre las organizaciones se encuentran la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas "Una Mano Amiga" y el Movimiento de Mujeres "Mélida Anaya Montes".
Desde ELA queremos expresar nuestra preocupación por la profundización del retroceso democrático en El Salvador y queremos manifestar toda nuestra solidaridad y apoyo a las personas y organizaciones sociales que están sufriendo persecución política en el país. Asimismo, queremos hacer eco de las demandas realizadas por COFAPPES que exige un debido proceso y la liberación de sus familiares.