Depurar responsabilidades políticas y llegar hasta las últimas consecuencias es imprescindible en Zaldibar

Informes periciales apuntan a lo que desde el principio hemos denunciado desde la mayoría sindical, que los responsables de la empresa eran conscientes de los desperfectos que había en el vertedero, que la empresa fue alertada sobre las grietas que había en la tierra, que conocían que había riesgo evidente de que se produjera el colapso y que los informe s técnicos recomendaron a los responsables de la empresa parar la actividad.

Pese a ser conscientes de esta grave situación, la empresa no hizo nada para evitar el derrumbe, no alertaron a los trabajadores ni implementaron ningún dispositivo especial y no se detuvo la producción. Y, finalmente, se produjo la catástrofe que acabó con la vida de dos trabajadores.

Ha quedado probado que Verter Recycling tiene responsabilidad directa sobre lo ocurrido con los trabajadores fallecidos, por lo que los tres responsables del Vertedero de Zaldibar, Jose Ignacio Barinaga (dueño de la empresa), Arrate Bilbao (gerente) y Juan Etxebarria (ingeniero jefe) fueron acusados por el homicidio imprudente de los dos trabajadores y por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Los responsables han admitido su responsabilidad a cambio de no entrar en prisión y la empresa se compromete a pagar una indemnización económica a las familias de las víctimas.

Ha quedado en evidencia que, pese ha quedar probada la responsabilidad directa de la patronal en las muertes de los y las trabajadoras, se pueden evitar las penas de cárcel a cambio de una cantidad de dinero. Constatamos que las muertes, accidentes y enfermedades profesionales de la clase trabajadora, en general, les salen muy baratas a la patronal. Mientras esto siga así las cosas no cambiarán.

En el derrumbe del vertedero de Zaldibar, la responsabilidad no puede limitarse a la empresa, ya que las distintas Administraciones Públicas han tenido una responsabilidad directa por no ejercer su tarea de vigilancia y control. Por ello, tiene especial importancia depurar las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias, también las políticas.

La sangría laboral no tiene fin, estamos ante un grave problema estructural. Los accidentes laborales, año tras año no hacen más que aumentar. Así, en 2021 al menos 62 trabajadores y trabajadoras perdieron la vida en el trabajo y en lo que vamos de año son ya 6 la personas fallecidas en accidente laboral. El alto nivel de subcontratación, la creciente eventualidad y la precariedad de las condiciones de empleo y trabajo son los principales factores que están detrás de esta situación.

Pese a ello, el gobierno de Gasteiz sigue sin querer cambiar sus políticas en materia de seguridad y salud laboral, políticas que ya se han demostrado que son ineficaces e insuficientes para eliminar la lacra social de la siniestralidad laboral.

Así mismo, las políticas medioambientales y de gestión de residuos siguen la senda neoliberal y ecocida marcada por unas clases dominantes y sus intereses que en ningún caso abordan los urgentes problemas de las clases populares ni anteponen entre sus prioridades el evidente drama ecológico que sus decisiones y políticas provocan, tanto a nivel local como global.

Es hora de cambiar las políticas, tenemos alternativas, solo falta voluntad política para desarrollar un sistema alternativo que ponga la vida y la salud por encima de todo lo demás.

Desde la mayoría sindical, además de denunciar todo lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar, queremos mostrar todo el apoyo y solidaridad a las familias de Alberto Sololuze y Joaquin Beltran, así como a todos los trabajadores y trabajadoras fallecidos en el trabajo o a consecuencia del mismo. Seguiremos trabajando y luchando en favor de la seguridad y salud de la clase trabajadora. Es hora de que cese la masacre que provocan las muertes laborales.