En los presupuestos de la CAPV falta la prioridad ambiental que nos quieren vender

En cuanto a la protección ambiental, a la red de control de la calidad del aire se destinan únicamente 540.000 euros. Ante las grandes emisiones de gases de efecto invernadero en la CAPV y la necesidad de reducción de las mismas, esta partida no es suficiente para hacer frente al cambio climático. También son significativos los 15.000 euros destinados a la inspección ambiental, ya que este departamento es el encargado de controlar las infracciones medioambientales. Con esta inversión queda claro que la falta de control del que muchas veces se le acusa al Gobierno Vasco es una realidad.

En el ámbito de las energías renovables, a través de los presupuestos del EVE, la inversión en la construcción de instalaciones de producción de energía renovable se limita a subvenciones a empresas y particulares. No hay presupuesto para impulsar la producción pública de renovables. Para una transición energética justa, la publificación del sistema y la garantía de la energía como derecho son esenciales, y estos presupuestos tienen una vocación de apoyo al sector privado y no de satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Cabe destacar que la empresa pública SHESA todavía no se ha disuelto y que su presupuesto asciende a 5,5 millones de euros. SHESA es la empresa pública impulsora de la producción de hidrocarburos e invierte la mayor parte de su presupuesto, 4,15 millones de euros, en concesiones de explotación de gas. Si realmente se quiere llevar a cabo la transición energética, no se puede invertir en energías fósiles.

En cuanto a la transición ecosocial, una de las principales reivindicaciones de ELA es la relocalización de la economía, en la que tampoco hay avances, el presupuesto impulsa todo lo contrario. SPRI destinará 29 millones de euros a acciones de internacionalización, pero no existe ninguna partida relacionada con la relocalización de la economía. Para revertir la situación actual y llevar a cabo una transición justa, estos 29 millones de euros deben destinarse a la relocalización de la economía y a la transformación de la industria.

ELA exige al Gobierno Vasco unos presupuestos que hagan frente a la gravedad de la situación actual, que impulsen la transición energética, la transformación industrial y la relocalización de la economía.