La Carta de derechos sociales de EH y Zaldibar Argitu serán acusación popular en el juicio por el derrumbe del vertedero

18/02/2021
Un auto recibido confirma que han sido admitidos en la causa abierta por delito contra el medio ambiente. El objetivo es esclarecer la catástrofe y depurar responsabilidades. Adelantan que habrá una segunda causa, donde se investigarán delitos contra los derechos de los trabajadores. Ya han realizado los trámites pertinentes para presentarse también a esta segunda causa y se encuentran a la espera de recibir el auto de admisión.

 

Un auto judicial confirma que la Carta de derechos sociales de EH y la plataforma Zaldibar Argitu serán acusación popular en el juicio por el derrumbe del vertedero. El caso se ha dividido otra vez en dos causas. Por ello, ambas plataformas han realizado los trámites pertinentes para presentarse también en la segunda causa, en la que se investigarán delitos contra los derechos de los trabajadores, y esperan recibir en breve el auto de admisión.

Tal y como consta en el auto, a día de hoy, la única persona jurídica investigada en esta causa es la empresa Verter Reciclyng 2002 S.L., pero consideran que si se identifican otras responsabilidades, esto podría modificarse en un futuro. La Carta de derechos sociales de EH y la plataforma Zaldibar Argitu señalan directamente a dicha empresa, pero subrayan que las responsabilidades no pueden limitarse al ámbito privado, ya que el ámbito institucional tiene una responsabilidad política sobre lo que estaba ocurriendo.“La privatización de la gestión de la basura y la falta o insuficiencia en su control público han convertido el actual modelo de gestión de residuos en un negocio en el que la patronal ha encontrado su beneficio a costa de la salud y la vida de los trabajadores y de la propia naturaleza”, denuncian.

Así, acusan a la Administración pública de ser cómplice de lo acontecido en Zaldibar, “por no denunciar el modelo que defiende la patronal, por no adoptar las medidas de vigilancia, control y protección necesarias para garantizar la vida y la salud de los trabajadores, y por no hacer la transición hacia un modelo de gestión de residuos sostenible”.

Añaden que el incidente del 6 de febrero de 2020 pone de manifiesto que este modelo económico es insostenible y “sólo aporta sufrimiento, muerte y desigualdad y confronta con la vida de las personas”. Por todo ello, reivindican un cambio radical de las prioridades de las políticas públicas, también en el ámbito de la gestión de residuos.