La nueva Ley de Residuos obligará a las instituciones de Hego Euskal Herria a mejorar la gestión de residuos deficiente que tenemos

Pero esta futura Ley es mucho más restrictiva, en línea con las Directivas europeas, y los objetivos y prohibiciones que se aprueben se tendrán que cumplir:

• A partir del 1 de enero de 2023 quedaría prohibida la distribución gratuita de envases de plástico no reutilizables, debiéndose cobrar por cada uno de los productos de plástico que se use. Entre estos productos están los vasos, sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos utilizados con el fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato o para llevar. Para 2026 se deberá reducir su uso en un 50% en su comercialización y en 2030 en un 70%.

• A partir del 3 de julio de 2021, se prohíbe la introducción en el mercado de los siguientes productos plásticos de un solo uso: bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas y los recipientes para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido.

• Asimismo se prohíbe cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxodegradable, y el uso de cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos.

• La Ley recoge requisitos de diseño de productos plásticos.

• En 2025 se deben recoger separadamente el 77% de las botellas de plástico, respecto a lo introducido en el mercado, aumentando al 90% en 2029.

• En cuanto a objetivos de prevención de generación de residuos, se reducirá en un 10% en 2020 respecto a lo generado en 2010, en 2025 un 13%, y en 2030 un 15%.

• Para luchar contra el desperdicio alimentario se incluyen medidas específicas dirigidas a las industrias alimentarias, las empresas de distribución y de restauración colectiva.

• En cuanto a la obsolescencia programada, se fomentará el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables.

• Las administraciones públicas deberán adoptar las medidas para reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias mediante el fomento de fuentes de agua o suministrando agua en envases reutilizables. En los establecimientos de hostelería se tendrá que ofrecer siempre la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita.

• Queda prohibida a partir de 2021 la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros.

• Para el resto de residuos, el texto fija los objetivos y medidas para fomentar la reutilización y el reciclado y un calendario de implantación para nuevas recogidas separadas: recogida separada de biorresiduos para el 31 de diciembre de 2021 para los municipios de más de 5.000 habitantes y a 31 de diciembre de 2023 para el resto; y textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, antes del 31 de diciembre de 2024.

• También fija objetivos más ambiciosos para el reciclado de residuos municipales: en 2025, el 55% de los residuos municipales generados; en 2030 el 60%, y en 2035 el 65%.

• Regula la eliminación de los residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura, y en el caso del depósito en vertedero, tras haber sido sometidos los residuos a un tratamiento previo. Desgraciadamente, se sigue permitiendo la valorización energética (incineradoras) en la jerarquía de gestión de residuos.

• Entre los incentivos figura los cánones sobre el depósito en vertedero o la incineración, o la promoción de los sistemas de pago por generación y las compras públicas para impulsar el uso de productos reutilizables y reparables y de materiales fácilmente reciclables.

• Se regula el Registro de producción y gestión de residuos que incorpora la información relativa a los productores y gestores de residuos, que deberán incluir la información sobre las operaciones de producción y gestión de residuos.

• En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor se explicitan las obligaciones que se pueden imponer a los productores de producto, entre las que se encontraría el sistema de depósito, devolución y retorno, y define las partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores,

• Será considerado infracción muy grave la gestión incontrolada de residuos peligrosos y también de cualquier otro tipo de residuos, en este segundo caso, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. Las multas varían desde 50.001 euros hasta 2.000.000 euros. Pero con las cantidades de dinero que mueve este sector no son suficientes. Zaldibar es un claro ejemplo de ello.

Esta ley no es la mejor, pero es más de lo que tenemos ahora. En ELA seguiremos reivindicando una gestión de residuos sostenible, y no el modelo de negocio a cuenta de la salud de las personas y del medio ambiente que es ahora. Esta es una de las claves para impulsar la economía circular, la transición ecológica de la industria y la creación de empleos verdes que hagan frente al cambio climático.