La reforma de la energía es perjudicial para las renovables (opinión)
El proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética se publicó el 28 de septiembre en el boletín oficial del estado. El gobierno español dice que con esta ley busca armonizar el sistema fiscal con el uso eficiente de la energía y la protección del medio ambiente. Pero detrás de esto hay una simple subida de impuestos, una subida en la que salen perdiendo las energías renovables.
Esta ley regula tres nuevos impuestos: el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas (una ley de 1964 dispone que el Estado asumirá la titularidad de los residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definitivo). También se crea un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica; modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas para los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil.
Es de sobra conocido que la imposición a hidrocarburos es una fuente relevante de ingresos tributarios para el Estado, pero además de reconocer esto el gobierno dice que también es un instrumento valido para la protección del medio ambiente. A los hidrocarburos se les aplica el impuesto porque son una energía fósil y porque generan graves impactos ambientales. En adelante, también se eleva el tipo de gravamen sobre el carbón. También se les impondrá un tipo especifico, que hasta ahora no tenían, al fueloil y al gasóleo utilizado para la generación eléctrica.
Pero aunque los objetivos parecen buenos, las intenciones son otras. Este tipo de imposición nunca ha conseguido el objetivo de reducir el consumo de energía y el dinero recaudado no se invierte en la conservación del medio ambiente. Un ejemplo claro de este tipo de impuestos es el céntimo sanitario.
Por otro lado, en cuanto al uso de las aguas continentales, las diferentes administraciones establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales del recurso, en los diferentes usuarios finales. Para ello se contempla diferentes exenciones vinculadas al agua: el canon de utilización de bienes de dominio público, el canon de vertido que grava los vertidos al dominio público hidráulico y la tarifa de utilización del agua que grava el beneficio particular obtenido por obras hechas por el Estado. La mala calidad de las aguas continentales muestra la necesidad que hay de protegerlas, para proteger un bien común que es necesario para toda la sociedad. Por eso el proyecto de ley subraya la necesidad de políticas para proteger el dominio público hidráulico, para ello los usuarios que utilicen este bien para la generación de electricidad deberán pagar un canon.
Ante esta reforma ELA denuncia que esto es una simple subida de impuestos, ya que no se aplica bajo ningún principio de protección ambiental, ya que no se le da ninguna prioridad a la energía renovable. El dinero que se recaudará con estos impuestos no se invertirá en la protección del medio ambiente, aunque se proclame que una de las principales razones de esta reforma sea la protección del medio ambiente. Es todo lo contrario, imponer un canon al uso del agua para la generación de energía hidroeléctrica es perjudicar a las energías renovables.
ELA denuncia que todos estos impuestos los pagaremos los consumidores y consumidoras, no las empresas eléctricas, que nos subirán la factura y ya está. Al gobierno español le importa un bledo la energía renovable y el medio ambiente, porque el objetivo de esta reforma es recaudar lo máximo posible.