Los gobiernos de la Unión Europea han acordado una reducción del consumo del gas pero no abordan la necesaria desconexión de las energías fósiles
El temor a que se produzcan problemas de suministro de gas se está extendiendo y la Comisión Europea ha tomado medidas. Entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 todos los Estados miembros de la Unión Europea deberán reducir su consumo de gas en un 15%. Para entender la dimensión, de aplicarse este porcentaje de reducción equivaldría al consumo de 45 días en el Estado español. Esta medida será de obligado cumplimiento si los ministros y ministras de energía de los Estados miembro votan por mayoría.
Pero no todos los países tienen la misma realidad y la decisión ha generado polémica. En el caso del estado español, el gobierno de Sánchez ha tratado de limitar al máximo la reducción, argumentando que el gas procedente de Rusia tiene poco peso. Finalmente, y como consecuencia de las protestas de varios países, parece que el Estado español deberá aplicar una reducción del gas del 7%, teniendo en cuenta su baja dependencia del gas ruso y su escasa conexión con el resto de los países europeos. Decimos que parece porque el documento aprobado por los gobiernos de la Unión no se ha hecho todavía público (a diferencia de la propuesta de la Comisión Europea que sirvió de base para la discusión). Es más que habitual que las declaraciones de los distintos gobiernos sustituyan la realidad de lo aprobado por la propaganda, por lo que veremos a partir de septiembre los efectos reales de lo acordado, tanto en lo que afecta a los hogares como a la industria.
ELA, frente a lo que está ocurriendo en torno a la energía en el último año, siempre ha reivindicado una transición energética justa, y ahora tenemos que hacer la misma reivindicación: que impulsen una transición energética real y justa, que se rompa definitivamente con la dependencia energética y las energías fósiles que tenemos, y se proteja a la clase trabajadora que se ve afectada por estas situaciones.
La propuesta de la Comisión y lo aprobado trataba solamente de dar una respuesta parcial, relativa a la decisión ya adoptada por el gobierno de Putin de reducir las exportaciones de gas a la Unión Europea, lo que va a generar graves consecuencias económicas y sociales. La realidad es que los gobiernos europeos (y también los de Hego Euskal Herria) van tarde. Se han perdido años para impulsar una reducción significativa del consumo energético, para desconectarnos de las energías fósiles y poder dar respuesta a la crisis ecológica y energética en la que estamos. Por ello ELA considera positivo que se obligue a consumir menos gas, pero, a la vez, rechazamos que se pretenda sustituir ese gas por otras energías fósiles, como el carbón o la energía nuclear. Decimos no a las falsas soluciones. Y también queremos denunciar los mensajes simplistas, y tampoco ciertos, que tratan de tranquilizar a la población negando impactos en los hogares y en la industria en los próximos meses. Impactos va a haber, comenzando por el aumento de los precios de la electricidad y siguiendo por ver a qué sectores se les va a obligar realmente a reducir el consumo de gas.