PNV vuelve a equivocarse con el transporte público

05/12/2022
El PNV ha tenido que ceder. El próximo año, las organizaciones que gobiernen (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales o Ayuntamientos de las tres capitales vascas) deberán aplicar una reducción del 50% del precio del transporte público. Cuando ha visto que perdería todas las votaciones y que sería obligado a aplicar el recorte, el PNV ha votado a favor en el Parlamento Vasco.

Será difícil encontrar otro caso que haya ridiculizado más claramente al Gobierno Vasco y al PNV. Y no es la primera vez en este tema. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se mostró dispuesto a financiar el 30% del precio del transporte, a pesar de no ser de su competencia, las instituciones vascas fueron casi las últimas en aplicar una reducción del 50%, a pesar de que estaba claro que iban a ceder. Lo arrastraron y quedó claro que bajar el precio del transporte público no era de su agrado. Quizás porque se mueven demasiado en coche oficial.

Podríamos pensar que habían aprendido la lección y que en los proyectos de presupuestos de sus instituciones incluirían una prórroga para el año 2023. Pero no. Vuelven a quedar al descubierto intentando renunciar al tema durante varias semanas. Y a última hora, antes de perder y aplicar el descuento, votan a favor. Otra vez ridículo.

El descenso del coste del transporte público tiene consecuencias muy positivas. Por un lado, en un momento de fuerte inflación (como llevamos dos años, incluso antes de la guerra de Ucrania), alivia los bolsillos de las personas y familias que utilizan el transporte público, que no es barato. Por otro lado, el uso del transporte público ha aumentado considerablemente (un 20% de media) y el uso del vehículo privado también ha descendido (a falta de datos generales, se sabe que a partir de septiembre en Bilbao se ha reducido en un 10% el número de turismos). Teniendo en cuenta la crisis ecológica que padecemos y que, por supuesto, va mucho más allá de lo que tiene que ver con Ucrania, el futuro es reforzar el transporte público y reducir considerablemente la movilidad individual.

Esta medida tiene un coste económico. El Gobierno Vasco señala que para todas las instituciones de la CAPV (al margen del Estado español) el importe anual asciende a 72 millones de euros. Y que eso es mucho dinero. Dicen que no tienen dinero para ello, pero al mismo tiempo el Gobierno de Urkullu ha destinado 135 millones al TAV en los presupuestos del año que viene. Y las Diputaciones están dispuestas a gastar cientos de millones de euros en más carreteras y túneles, para mayor gloria y beneficio de las empresas de construcción. Por otra parte, las instituciones vascas han perdido cerca de 72 millones de euros, como consecuencia de la reducción del Impuesto sobre Beneficios Extraordinarios de las Empresas Energéticas y Bancos propuesta por el PNV en el Congreso. Como se ve, el dinero está para lo que quieren, pero no para lo que no les gusta. Y hay por donde sacar más recursos, si se quiere.

El PNV y sus instituciones declaran culpable al Gobierno español, que no quiere financiar parte de la medida. La actitud es bastante hipócrita, digna de reflexión desde el punto de vista del autogobierno. El precio del transporte público es competencia de las instituciones vascas. Ellos debían tomar la iniciativa. Es hipócrita denunciar la invasión de competencias, como ocurre en muchas ocasiones (en eso estamos de acuerdo), a la vez que se le pide que aporte dinero a Madrid para financiar una competencia propia. Todo lo contrario que el Concierto Económico.

Además, el mensaje que se transmite a la sociedad es preocupante, las mejoras sociales vienen de la mano del Gobierno español. El Gobierno español ofrece transporte público gratuito (líneas de cercanías todo el año que viene), mientras que las autoridades vascas difícilmente podrán aplicar un descuento del 50% durante los seis primeros meses de 2023. Que es mejor decidir las cosas aquí en vez de decidir en Madrid, es una fuerte estrategia soberanista para ganar voluntades. Pero esta actitud va en contra.

El descenso del precio del transporte público no debe ser coyuntural. ELA pide que la reducción del 50% tenga un carácter permanente y que en 2023 las tarifas no suban para seguir ayudando a la ciudadanía, utilizar más el transporte público y reducir más el uso del vehículo privado. En este sentido, desearíamos un liderazgo institucional, pero viendo lo que ha sucedido ahora, no parece que nuestros gobernantes estén ahí.