El Gobierno de Navarra renuncia a la gestión pública de los fondos de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales
En Consejo Navarro de Salud Laboral ha vuelto validar el sistema de financiación de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales. Concretamente, y con la posición favorable del Gobierno, ha avalado los proyectos presentados por CEN, UGT y CCOO para su financiación con dinero público, procedente de los excedentes de las mutuas que gestiona dicha Fundación. Cabe recordar que este sistema se ha empleado durante años para repartir dichos fondos entre CEN, UGT y CCOO en el Consejo Navarro de Salud Laboral, que entre 2000 y 2013 asignó más de 5 millones de euros a dichas organizaciones.
En 2014, a raíz de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y la anulación de las convocatorias de 2008 a 2013 vía judicial, la propia Fundación modificó el sistema excluyendo al Consejo de participar. Sin embargo, en julio de 2017 se publicó una nueva subvención de más de 11 millones de euros a nivel estatal, que sí preveía la participación del órgano tripartito en la baremación de los proyectos.
El 29 de septiembre, y a solicitud de CEN, UGT y CCOO, el Gobierno propuso al Consejo certificar que los nueve proyectos presentados (CEN, UGT Navarra, CCOO Navarra, FE de la Rioja, Confebask, UGT Euskadi, CCOO Euskadi, UGT de la Rioja y CCOO de Aragón) se encuentran alineados con el Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra, otorgándoles una mayor puntuación y facilitando su acceso a la financiación pública. La propuesta fue aprobada con los únicos votos en contra de ELA y LAB.
El 17 de octubre, el Tribunal de Cuentas aprobó un nuevo informe de fiscalización de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales. En él se vuelve a concluir que en su sistema de financiación existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO, que dichas organizaciones han sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, y que en muchos casos es cuestionable la dedicación de los fondos recibidos a la ejecución de las acciones.
Así las cosas, ELA y LAB consideran inaceptable que el Gobierno de Navarra se haya sumado al voto favorable de CEN, UGT y CCOO en el Consejo. Esta decisión política, sin justificación técnica ni objetiva alguna, implica la apuesta de este Gobierno por el sistema establecido para gestionar desde el Estado dinero público proveniente de las cotizaciones sociales de las personas trabajadoras de Navarra, además de instrumentalizar el Plan de Acción de Salud Laboral y el propio Consejo.
La posición del Gobierno no solo supone dar por bueno un modelo declarado opaco y clientelar, que abre la puerta al fraude en materia de salud laboral debido al escaso control de los condicionados, desarrollo y efectividad de los proyectos. También supone una renuncia de este Gobierno a defender su autogobierno, al no demandar siquiera al estado la competencia para gestionar estos fondos, como lo han hecho otros gobiernos.
Por tanto, desde ELA y LAB consideramos muy grave la apuesta del Gobierno por este modelo y su renuncia a la gestión pública y directa de dichos fondos. Una decisión con la que pierde Navarra y la Salud Laboral de sus trabajadores y trabajadoras.
Por todo ello, exigimos al Gobierno de Navarra:
- El compromiso político de apostar por la gestión pública de los fondos de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales, reclamando la gestión directa de los excedentes de las mutuas generados en Navarra, y poniendo fin al acceso de CEN, UGT y CCOO a los mismos.
- La supresión de las políticas de concertación en salud laboral que mantiene en la actualidad con dichas organizaciones.
En caso de que el Gobierno de Navarra no proceda a una inmediata rectificación, los sindicatos ELA y LAB dejaremos de participar de manera permanente y proactiva en el Consejo Navarro de Salud Laboral, como paso previo al abandono definitivo de este Consejo cada vez más marcado por el continuismo de las políticas de UPN con respecto a la gestión pública y para con la CEN, UGT y CCOO.