El Tren de Alta Velocidad se pone en cuestión en toda Europa, también en Navarra

El rebautizado como Tren de Altas Prestaciones de Navarra es un proyecto sin rentabilidad económica ni social y un disparate medioambiental. ELA lleva años denunciándolo el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo lo ha confirmado, tal y como se lee literalmente en sus conclusiones:
- Se ha construido un red ineficiente de líneas estatales mal conectadas.
- La decisión de construir líneas de alta velocidad a menudo se basa en consideraciones políticas, y por lo general no se recurre a análisis coste-beneficio para una toma de decisiones rentables.
- La infraestructura ferroviaria de alta velocidad es cara: las líneas auditadas cuestan una media de 25 millones de euros por kilómetro.
- No se considera la solución alternativa de modernizar las líneas convencionales existentes, lo que podría ahorrar miles de millones de euros.
- Los sobrecostes y los retrasos son la norma en lugar de la excepción.
- La mayor parte de las líneas y de las conexiones transfronterizas auditadas no cuentan con un número de pasajeros potenciales suficiente en su zona de influencia (9 millones de pasajeros y pasajeras es el umbral para que una linea sea rentable).
Como se ve, una enmienda a la totalidad a la alta velocidad, que se pone absolutamente en cuestión. Pero el Gobierno de Navarra sigue diciendo que este tren se utilizará para trayectos largos de mercancías y viajeros, dejando las carreteras para los desplazamientos locales y regionales, disminuyendo así el tráfico. Que será la conexión con las ciudades europeas y que comunicará con otros territorios del Estado español, además de articular mejor el territorio navarro. También se atreven a afirmar que el TAV es un modelo sostenible. Estos argumentos no son nuevos a la hora de justificar infraestructuras de este calibre, pero siguen siendo argumentos falsos:
Aunque lo quieran vender como alternativa a otros medios de transporte, será una infraestructura usada por muy poca gente y además será caro.
Este ferrocarril no será apto para mercancías, no hay ningún TAV en el mundo que los transporte, así que seguirán siendo transportados por carretera.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los desplazamientos por carretera son dentro del territorio navarro, no disminuirá el tráfico.
La única estación confirmada es la de Iruña. Se quiere volver al modelo del pelotazo urbanístico haciendo la estación en Etxabakoitz, construyendo miles de viviendas alrededor de la estación. Un modelo que ya se ha demostrado es una ruina. Además se eliminará la actual estación de Tafalla dejando sin servicio de cercanías a toda la comarca, un hecho inaceptable.
La conexión con otros países de Europa aún está por verse.
No es sostenible económicamente, ni socialmente y tampoco ambientalmente. Así lo demuestra el informe de Ekopol (UPV) sobre el TAV vasco, que también se puede aplicar al corredor navarro.
ELA exige de nuevo que se paralicen las obras del TAV en Navarra y que se apueste por una vez por todas por la única alternativa posible: el tren social. Una red de ferrocarril sostenible que de respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Un tren que se integre en el sistema de transporte general, que haga posible un modelo territorial sostenible. Un tren que articule sin dejar zonas marginadas. Para conseguir esto es necesario:
Se debe mejorar la red actual, siendo la última opción la construcción de nuevas vías o el ensanchamiento de las actuales.
Se deben adecuar las vías a trenes más rápidos. Esta será la alternativa para el transporte mixto, que tendrá capacidad para conectarse a Europa tanto para viajeros como para mercancías.
El tren social minimiza los daños medioambientales y ahorra energía. Estará al servicio de más gente y el coste de esta inversión (tanto económico, ambiental y energético) será proporcional al servicio que se ofrezca.
Si esto no fuera poco, creará más empleo que el TAV. Todo esto se puede hacer sin recortar el gasto público.
Será un ferrocarril que tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía, que en sus decisiones buscará el consenso social.
Por todas estas razones, ELA exige que se abandone este proyecto, porque no defiende un modelo territorial y social sostenible. Reclamamos que se abra un debate social de verdad, para que la ciudadanía decida que política de transporte quiere y para que tengamos un modelo territorial y social más justo.