ELA considera inadmisibles los recortes y privatizaciones que Interior quiere imponer en Policía Foral
La consejera de Interior presentó esta semana una propuesta para eliminar servicios, suprimir grupos de trabajo y sustituir policías forales por vigilantes de seguridad privada en la comisaría de Beloso. El planteamiento de Interior implica derivar servicios que hasta ahora eran competencia de la Policía Foral a Fuerzas de Seguridad del Estado, una medida que va directamente en contra de las competencias propias de Navarra.
ELA considera inadmisible una propuesta que retoma la misma política contra los servicios públicos y en favor de las empresas privadas que mantenían los gobiernos de UPN. Por ello, ELA emplaza a los partidos políticos que sustentan el Gobierno de Navarra a oponerse a estas medidas.
El sindicato ELA se muestra muy crítico con la gestión de la consejera Beaumont, ya que ha mostrado una nula habilidad negociadora y ahora, además, presenta una batería de recortes y privatizaciones. Su fracaso en la negociación de la Ley de Policías y la propuesta de privatizaciones evidencian su error al elegir como Jefe de la Policía Foral y como Director de Interior a quienes sostenían el régimen de UPN dentro del cuerpo policial. Además, hay que desmontar la falsa versión de que la Ley 15/2015 es la causa de todos los problemas de la Policía Foral. Esta versión interesada oculta que ha sido el decreto DF 79/2016, aprobado después por la consejera Beaumont, el que ha generado las disfunciones operativas actuales. Se trata de un decreto impuesto para boicotear la ley 15/2015, que ponía en riesgo los históricos privilegios de muchos de los mandos policiales.
ELA reitera su disposición a una negociación en la Mesa Sectorial con el objetivo claro de que la Policía Foral asuma más competencias, proceso que debe ir acompañado de una disminución de la presencia de otras fuerzas policiales para lo que resulta indispensable la convocatoria de OPEs. Con esa misma disposición para la negociación ELA, junto con CCOO y UGT, presentaron a principios de noviembre una petición a la Dirección General de Interior para abordar la compensación por la superación de las pruebas físicas.