ELA considera que el 0,3% que el Gobierno de Navarra propone para su plantilla es un parche insuficiente
Es el límite marcado por Madrid -en la senda del cumplimiento del déficit, origen de todos los recortes-, y que el Gobierno de Navarra acepta sin ninguna pega. De los 241 millones de superávit que tiene Navarra, Madrid solo deja destinar tres millones al personal público. Es la negación misma del autogobierno.
Además, en la posterior negociación de la Mesa General, era imprescindible un estudio de puestos y necesidades, exigido por ELA en numerosas ocasiones, para acertar en las asignaciones de funciones y retribuciones para cada colectivo profesional. Sin ese estudio, cualquier medida será un parche y provocará nuevas diferenciaciones entre colectivos, agrandando los problemas existentes.
En todo caso, ELA se abstiene en la Mesa General para defender que las mejoras aplicadas a determinados colectivos se hagan efectivas, ya que son reivindicaciones históricas de este sindicato. Al mismo tiempo, ELA defiende que si existen otros colectivos cuyas retribuciones merecen complementarse, el Gobierno debe hacerlo independientemente de que Madrid otorgue su permiso, y en ese sentido se desarrolla la propuesta que ELA presentó el 11 de septiembre, atendiendo a más colectivos, y con más eficacia en la lucha contra la precariedad en la Administración. Nada de ello se ha tenido en cuenta.
En definitiva, cabe recordar que los sindicatos firmantes de aquel acuerdo (CCOO, UGT y CSIF, marzo de 2018) con el PP dieron cobertura a las políticas de austeridad impuestas por los decretos de Zapatero y Rajoy en lo más duro de la crisis, convirtiendo lo excepcional en algo permanente y habitual. Y lo que es peor: acordado. Además, el cumplimiento del acuerdo se condicionó a que las CCAA cumplan los objetivos del déficit, techo de gasto y límite de deuda: es decir, recortes y austeridad para muchos años. Se trata de un auténtico ‘155 sindical y laboral’. Hay que recordar, una vez más, que este 0,3% que ahora reparte el Gobierno de Navarra proviene de esa realidad, por lo que votar a favor en la Mesa General supone aceptar las políticas de austeridad impuestas desde la UE y el Estado español.