ELA considera una buena noticia la anulación por parte del TSJN del Reglamento de Jornadas y Retribuciones en Policía Foral
La Ley 15/2015 impulsada por ELA, UGT, CCOO y Afapna fue aprobada en la anterior legislatura con los votos de EH Bildu, PSN, Aralar, Izquierda Unida y la abstención de Geroa Bai. Esa ley permitió desmontar en parte el modelo policial de UPN y trajo consigo un reparto más justo de la masa salarial.
Sin embargo, de manera incomprensible, la Consejería de Interior, EH Bildu y Geroa Bai trataron de aprobar una Ley de Policías que finalmente fue rechazada en el Parlamento de Navarra. Los impulsores de esa nueva ley defendían su postura basándose en problemas operativos en la Policía Foral. En ese sentido, ELA lleva tiempo defendiendo que los problemas operativos no son consecuencia de la aprobación de la Ley 15/2015, sino en el posterior decreto 79/2016 aprobado en la actual legislatura, donde se fija el Reglamento de Jornadas y Retribuciones en Policía Foral. Por todo lo anterior, ELA considera una buena noticia la anulación del TSJN del Reglamento de Jornadas y Retribuciones.
La decisión del TSJN supone un varapalo jurídico a la Consejería de Interior, que se suma a la incapacidad negociadora que ha sido una constante desde el inicio de la legislatura. Asimismo, ELA quiere recordar las medidas acometidas por parte de la Consejería en noviembre de 2017, medidas que ocasionaron recortes y privatizaciones en Policía Foral (se eliminaron servicios, se suprimieron grupos de trabajo y se sustituyeron policías forales por vigilantes de seguridad privada en la Comisaría de Beloso).
Por último, ELA reitera su disposición a una negociación en la Mesa Sectorial con el objetivo claro de que la Policía Foral asuma más competencias, proceso que debe ir acompañado de una disminución de la presencia de otras fuerzas policiales para lo que resulta indispensable la convocatoria de OPEs. ELA apuesta por el desarrollo integral de la Policía Foral para conseguir un modelo policial de proximidad, profesional, de carácter civil, con perspectiva de género y donde se respeten los derechos lingüísticos de la ciudadanía.