ELA denuncia que el Gobierno de Navarra condena a la temporalidad a 13.000 personas
En la Mesa General celebrada hoy, el Gobierno de Navarra ha hecho público el número de plazas que ofertará a través de los procesos de estabilización y ha dado a conocer la propuesta de Decreto-Ley Foral que regulará estos procesos. Así mismo, se ha llevado la redacción final del Decreto del euskera, que mantiene todos los puntos a los que ELA se ha opuesto de manera rotunda.
ELA ha denunciado que las 3.589 plazas propuestas resultan insuficientes y que no aliviará el problema de la temporalidad en la Administración. El informe de fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra realizado por la Cámara de Comptos al respecto del ejercicio 2020, delata que la temporalidad en el periodo 2016-2020 ha pasado del 40% al 54%. En cifras, en el año 2016 el número de personas temporales en la Administración Foral era de 10.790 y en 2020 eran 17.056 empleadas. La estabilización de las 3.589 plazas que tiene prevista el Gobierno de Navarra, serviría únicamente para paliar el incremento de la temporalidad sufrido entre 2018 y 2020, cuando se pasó de 13.688 a 17.056 personas empleadas temporales en la Administración. Es decir, es una cifra que queda muy lejos incluso de poder neutralizar el incremento en la temporalidad que la propia Administración ha creado en los últimos cinco años.
Por ello, ELA ha instado al Gobierno a aprobar un Decreto que regule criterios a través de los cuáles puedan aprobarse OPEs masivas que consoliden a 15.000 empleados y empleadas públicas. Después de años en que las Administraciones se han parapetado en la tasa de reposición para no convocar plazas, la Ley 20/21 permite superar esa tasa, por lo que es únicamente una cuestión de voluntad política tomar la determinación de hacer una convocatoria que ponga fin a la temporalidad de manera drástica. Entiende el sindicato que la única decisión responsable y diligente por parte del Gobierno pasa por aprobar OPEs masivas que permitan alcanzar el 8% de la temporalidad en las administraciones.
Por otro lado, ELA ha vuelto a rechazar el Decreto del euskera. Tal y como se había presentado en borradores anteriores, se eliminan los servicios centrales, el euskera no se valorará en la denominada zona no vascófona y en la zona mixta únicamente se valorará en algunos puestos de trabajo. El sindicato reitera la necesidad de una nueva Ley del Euskera que derogue la anterior, para así acabar con la zonificación del territorio.
Tanto la consolidación del empleo público como la defensa de los derechos lingüísticos son dos líneas esenciales para ELA y, con el fin de condicionar los Decretos que se están tramitando, seguiremos promoviendo las movilizaciones que sean necesarias.