ELA exige que la Ley de Administración Local de Navarra garantice el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales

ELA considera que el texto final de la Ley debe incorporar los siguientes elementos:

• Mantenimiento de los puestos de trabajo: La reorganización de los servicios no debe suponer ningún despido. Las entidades locales no podrán rescindir contratos de personas que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley estén vigentes aludiendo a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
• Estabilización de las plantillas: La nueva Ley se debe aprovechar para la consolidación del empleo en la Administración Local con el objetivo de reducir la alta tasa de temporalidad. En ese sentido, cabe recordar que la Cámara de Comptos alertaba en un informe de 2016 sobre elevadísima temporalidad en la Administración Local (por ejemplo en Berriozar la tasa de temporalidad era del 52%, en Tafalla del 59%, en Egües del 63%, en Burlada del 67%...).
• Garantizar que la Reforma no suponga un empeoramiento de las condiciones de trabajo. La Ley debe respetar el derecho a la negociación colectiva, activando los mecanismos necesarios para que se garantice ese derecho a todas las personas que trabajan en el sector.
• Apuesta por unos servicios públicos de calidad: ELA defiende que los servicios públicos deben prestarse de forma directa por las administraciones, de forma que sean universales y de calidad, sin que por medio exista un ánimo de lucro. El altísimo nivel de subcontratación que existe en la actualidad obliga a abordar procesos de reversión a lo público, así como el compromiso expreso de no realizar ninguna privatización más. Estos procesos deben realizarse respetando siempre los derechos laborales de las personas que vienen prestando servicios en las empresas privadas, tal y como viene establecido en la Ley de Contratos Públicos aprobada en esta legislatura.
• Por otro lado, ELA considera una mala noticia el hecho de que LAB se haya mostrado favorable al Proyecto de Ley una semana antes de su votación en el Parlamento, y cuando todavía hay opciones reales de incorporar enmiendas al texto final de la Ley. Esta forma de proceder no se corresponde con ninguna lógica sindical, y resta posibilidades a los sindicatos de cara a conseguir que el texto final de Ley incorpore nuevas enmiendas que puedan resultar determinantes para garantizar el mantenimiento del empleo y de las condiciones labores en la Administración Local.

En definitiva, ELA exige a los partidos políticos que incorporen enmiendas al texto final de Ley que garanticen el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales, reduzcan la tasa de temporalidad y apuesten por unos servicios públicos de calidad.