ELA lamenta que el Gobierno de Navarra siga apostando por la temporalidad en la Administración Pública
En Navarra nos hemos acostumbrado durante años a una oferta pública de empleo tan exigua que la cifra propuesta por Función Pública pudiera parecer una medida ambiciosa . Por eso desde ELA nos parece importante poner en contexto esta cifra y hacer una lectura crítica de la misma.
El informe de fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra realizado por la Cámara de Comptos al respecto del ejercicio 2020, delata que la temporalidad en el periodo 2016-2020 ha pasado del 40% al 54%. En cifras, en el año 2016 el número de personas empleadas en la Administración Foral era de 10.790 y en 2020 eran 17.056 empleadas. La estabilización de las 2.492 plazas que tiene prevista el Gobierno de Navarra (a falta de incluir a los y las docentes), serviría únicamente para paliar el incremento de la temporalidad sufrido entre 2019 y 2020, cuando se pasó de 14.880 a 17.056 personas empleadas por la Administración. Es decir, es una cifra que queda muy lejos incluso de poder neutralizar el incremento en la temporalidad que la propia Administración ha creado en los últimos cinco años.
Tal y como señala el citado informe, “las necesidades estructurales y permanentes se están ocupando con personal temporal y el número de vacantes ha aumentado. Esto ha motivado que, ante la necesidad de seguir prestando los servicios al ciudadano, se haya incrementado la temporalidad en el empleo en la Administración, alcanzando un índice excesivo y preocupante que aumenta cada año, produciéndose una cierta descapitalización del factor humano y un envejecimiento de la plantilla.” Posteriormente, la propia Cámara de Comptos recomienda al Gobierno de Navarra “adoptar urgentemente las medidas necesarias para cubrir las vacantes existentes y reducir la temporalidad del empleo en el contexto de la normativa”.
ELA lleva años con esa misma reivindicación. Urge poner fin a esa inercia a través de la cual la precariedad se ha normalizado en la Administración. Resulta necesario para garantizar los derechos laborales de las personas empleadas, pero también para asegurar unos servicios públicos e calidad.
En este momento en que la Ley 20/21 permite procesos extraordinarios de estabilización con el fin de alcanzar el 8% de la temporalidad en las administraciones, instamos al Gobierno de Navarra a que asuma la responsabilidad que le corresponde y consolide a través de procesos de OPE garantistas a 15.000 empleados y empleadas públicas que desde hace años sostienen mayoritariamente los servicios públicos.