ELA-Policía Foral rechaza la propuesta de Ley porque perjudica laboralmente a la mayoría de agentes de Navarra
La sección sindical de ELA rechaza el contenido de la Proposición de Ley de Policías de Navarra porque incluye medidas de flexibilidad, diferencias retributivas al estilo de una doble escala salarial (se mantiene la compensación económica de las pruebas físicas para los policías actuales, eliminándolo para las nuevas incorporaciones), cobro de complementos injustificados, validaciones subjetivas para la permanencia en el puesto de trabajo y modificaciones unilaterales de los calendarios.
En consecuencia, censuramos a la representación sindical (APF/SPF) responsable de esta mala negociación, que solamente ha velado por los intereses de unos pocos, intereses principalmente de la escala superior de mando donde se encuentra la mayoría de sus afiliados. Asimismo, ELA considera incomprensible la ausencia de representantes de la Consejería de Interior en el proceso negociador que se inició después de que el Parlamento de Navarra rechazase en octubre de 2017 el anterior Proyecto de Ley de Policías.
En este contexto, ELA considera que el referéndum realizado en diciembre de 2017 no debe utilizarse como argumento favorable a la aprobación de esta Proposición de Ley, puesto que aquella votación se realizó sobre un contenido totalmente impreciso y porque no participaron todas las personas afectadas por esta Ley (las policías locales fueron excluidas).
Por otro lado, ELA denuncia que la propuesta no sirve para revertir las privatizaciones y recortes que la Consejería de Interior acometió en noviembre de 2017. Hay que recordar que se eliminaron servicios, se suprimieron grupos de trabajo y se sustituyeron policías forales por vigilantes de seguridad privada en la comisaría de Beloso, lo que en la práctica supuso retomar la misma política de los gobiernos de UPN en contra de los servicios públicos y en favor de empresas privadas.
Por último, ELA considera que el hecho de que UPN se plantee facilitar la aprobación de esta ley consensuada por Geroa Bai, Bildu y APF/SPF debería hacer reflexionar a estos grupos parlamentarios sobre el modelo policial que están impulsando.