Por una fiscalidad al servicio de la vida y no del capital
Manifiesto:
El Parlamento Social y las organizaciones sociales y sindicales que suscribimos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, defendemos un modelo de sociedad y una economía que ponga en el centro el sostenimiento de la vida y, por lo tanto, a todas las personas.
El proyecto de presupuestos del Gobierno de Navarra para 2019 sigue estando sujeto al cumplimiento de la regla de gasto, con lo que cada vez una parte menor de la riqueza generada se destinará al presupuesto. Aunque el Parlamento haya tomado una postura de cierta autonomía frente a Madrid, invirtiendo parte del superávit obtenido por la renegociación de la Aportación, no se está abordando la falta de soberanía de Navarra con la firmeza que se requiere. Exigimos el cumplimiento de la Ley aprobada por el Parlamento de Navarra para destinar 113 millones de euros a las denominadas inversiones sostenibles. Esta ley, parcial e insuficiente, ha sido cepillada por el gobierno español. Es momento de que tanto el Gobierno como el Parlamento Navarra se planten ante el Gobierno español. Sólo a través de la confrontación política se puede superar el actual marco en favor de otro nuevo que se sitúe al servicio de la vida y no del capital.
Demandamos que se abra un debate social amplio sobre la política fiscal y presupuestaria, pero no se ha abierto ningún cauce de participación para las organizaciones sindicales y sociales. Es inaceptable que las posibilidades de intervención se limiten a las élites políticas y económicas.
Reclamamos una política fiscal y presupuestaria justa y progresiva:
- Que contribuya al reparto más equitativo de la riqueza, creación de empleo de calidad, que tengan como base la sostenibilidad de la vida y la defensa de la libertad y de los derechos culturales.
- Que aseguren políticas adecuadas atendiendo al género.
- Que equiparen a la media europea los recursos económicos destinados a Sanidad y Educación, en porcentaje del PIB.
- Que implanten el control público sobre la producción y comercialización energética.
- Paralizar proyectos como el TAV, perjudiciales para la naturaleza y nuestra salud, innecesarios, despilfarradores y que vacían la bolsa común de nuestros presupuestos.
- Que aseguren un sistema de protección social público, integral, digno y de calidad, garantizando a todas las personas los derechos sociales básicos, sin ninguna discriminación, priorizando a quienes estén en situación de emergencia social.
- Que se realice una auditoría de la deuda.
Consideramos necesario un cambio radical en la política fiscal:
- Dar marcha atrás en las rebajas de impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital aprobadas en las últimas décadas (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, etc.).
- Que los diferentes tipos de ingresos tributen por igual.
- Inspeccionar todas las rentas que no son del trabajo en el plazo de prescripción y depurar los casos de corrupción fiscal con la Hacienda navarra.
- Impedir la actuación de las personas físicas y jurídicas radicadas en paraísos fiscales.
- Tener capacidad plena en todos los impuestos para poder decidir la normativa aplicable.
Por todo ello, reclamamos soberanía fiscal plena para poder ordenar el conjunto de instrumentos fiscales y dotarnos de una fiscalidad más justa y acorde a nuestras necesidades, sin injerencias ni decisiones impuestas.
No se están tomando las medidas necesarias para cambiar de raíz la actual orientación de las políticas públicas, presupuestarias y fiscales. Las pequeñas modificaciones aprobadas en la última legislatura por las fuerzas del cuatripartito no han supuesto ningún cambio significativo. Se mantiene la enorme distancia con la media europea en presión fiscal y un sistema fiscal en el que las rentas no salariales realizan una aportación mucho menor de la que les corresponde. Se cumplen así las palabras de la presidenta Uxue Barkos quién a inicio de legislatura reivindicó que Navarra fuera el territorio del Estado donde menos pagan las empresas.
Hemos conseguido generar un cierto nivel de conciencia social que rechaza la política fiscal por injusta. Es importante, pero no suficiente. Por ello es urgente establecer mecanismos para recaudar más de quien más tiene, especialmente de los altos beneficios de muchas empresas, dotar de medios a Hacienda para que combatan el fraude fiscal, y dotar así a las personas y servicios públicos de estándares económicos similares a nuestro entorno geográfico.
Las negativas consecuencias de la crisis han repercutido con especial intensidad en los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que ha supuesto un incremento de las desigualdades y el agravamiento de la pobreza. Para hacer frente a esta situación es obligado reforzar los instrumentos redistributivos del sector público, entre los que la fiscalidad es un eje central.
Para cambiar la política fiscal y luchar contra el fraude fiscal sólo hace falta voluntad política. Pero eso supondría confrontar con la patronal y los poderes económicos. Y eso solo lo vamos a conseguir si somos capaces de impulsar un proceso permanente de rebeldía, movilización y organización. Reclamamos una fiscalidad justa y redistributiva, al servicio de los intereses de la mayoría social, una fiscalidad que se ponga al servicio de la vida y no del capital.