UGT elude la acción de la justicia pero admite “el punto final” de su financiación con dinero público en Nafarroa

ELA ha conocido recientemente una sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo nº 1 de Pamplona que no encuentra motivos suficientes para condenar a UGT por la gestión de un convenio de formación financiado con 1,6 millones de los Presupuestos de Navarra de 2015. Por lo tanto, UGT elude la acción de la justicia pero admite “el punto final” de su financiación con dinero público en Nafarroa. ELA quiere remarcar que gracias a su lucha sindical han desaparecido los convenios de formación que costeaban más de 120 sueldos en CEN, UGT y CCOO.

La denuncia de ELA fue admitida al apreciarse indicios de fraude de ley, pero en los trámites posteriores el juez no aceptó las pruebas testificales -inspectores del SNE, etcétera- propuestas por ELA (es decir, las pruebas del fraude), pero sí admitió los testigos de parte que presentó UGT (dos miembros de su ejecutiva), lo que convertía en imposible un juicio ecuánime en el que saliera a la luz la verdadera función de los convenios entre el Servicio Navarro de Empleo (SNE) y UGT (y por extensión, CEN y CCOO): la financiación de sus estructuras, salarios incluidos.

En concreto, el juez considera probado que estos convenios directos (sin el concurso obligatorio por ley) se destinaban a formación, función estrictamente prohibida. Sin embargo, la sentencia no condena a UGT, al alegar que “van más allá de la mera formación” (orientación, etc).

Con tan pobre argumento, y gracias a no haberse aceptado las pruebas de ELA, UGT sale judicialmente indemne de este asunto, pero “muy dañada”, tal y como ha reconocido públicamente su secretario general en Navarra. “Esta sentencia es un punto final” -ha declarado acertadamente Jesús Santos-, en gran parte gracias a ELA, que con su lucha sindical y judicial ha forzado al Gobierno de Navarra a eliminar los convenios de formación con CEN, UGT y CCOO (11 millones en 2015; 5,4 millones en 2016; y prácticamente nada en 2017). Aparte están los convenios de inmigración, salud laboral, género, etcétera.

Es lógico que UGT lamente el punto final de estas políticas públicas de financiación encubierta para su organización (y para CEN y CCOO), pero es un motivo de satisfacción para la clase trabajadora navarra. La prueba es que ambos sindicatos han tenido que cerrar sus centros de formación (IFES y Forem), que servían de tapadera. Los daños colaterales los han sufrido decenas de trabajadores/as que siguen exigiendo a CCOO y UGT indemnizaciones y salarios atrasados. La ecuación es sencilla y demuestra cómo financiaban con dinero público unos 120 salarios: la desaparición de estos convenios con el SNE ha provocado en dos años la reducción a la mitad de la plantilla de liberados de UGT y CCOO (aparte de despedir al personal de formación). Aún menos extraño es que el propio Jesús Santos lamente este punto final, ya que gracias a alguno de estos convenios (Plan de Estabilidad en el Empleo'2014) complementaba su salario como dirigente de UGT (a lo que se suma su nómina como trabajador liberado de la Confederación Hidrográfica del Ebro).