51.000 personas avalan la ILP contra la pobreza y la exclusión social

Esta ILP plantea la necesidad de modificar la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Ley 3/2005 de Vivienda para incluir las siguientes medidas:

• Bajar la edad exigida para acceder a la RGI de 23 a 18 años. También para las personas menores de 18 en situación de necesidad especial.
• Bajar la exigencia de empadronamiento de 3 a 1 año.
• Reconocimiento de todas y cada una de las unidades de convivencia en un mismo hogar.
• Derecho a la RGI para cada una de las unidades de convivencia sin limitar su número por residir en un mismo hogar.
• Incremento de la cuantía de la RGI que sirva también para complementar las pensiones bajas y los salarios bajos tomando como referencia el SMI:
  • 100% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales.
  • 150% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia de dos personas.
  • 200% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia de tres o más personas.
• Hacer de las Ayudas de Emergencia Social (AES) un derecho subjetivo para que su concesión no dependa de las posibilidades presupuestarias, sino de las necesidades a las que debe responder.
• Garantizar el derecho efectivo a una vivienda en alquiler social sin que pueda sustituirse por una prestación económica.

Una iniciativa legislativa popular es un instrumento que trata de dar cauce a la participación social y ciudadana. Por ello, la Carta exige a los grupos parlamentarios que acepten a trámite la ILP y entren al debate de los contenidos de la misma. Desde un punto de vista democrático sería inaceptable que se echase a la papelera un trabajo social avalado por 51.000 personas.

Para tratar todos estos temas la Carta anuncia su intención de abrir una ronda con los distintos grupos parlamentarios.