América Central o el ejemplo de las dos caras de la transición verde
En 2025 una delegación de ELA participó en una gira por Guatemala y Honduras con el objetivo de conocer de cerca las consecuencias del modelo extractivista que domina buena parte de América Central. El interés no era únicamente describir casos concretos, sino entender qué lógicas materiales, políticas y sociales sostienen este modelo, qué formas de explotación y violencia genera, qué mecanismos institucionales lo amparan y, sobre todo, qué significa esto para nosotros, en un momento en que en Euskal Herria y Europa se habla de transición verde, reindustrialización y autonomía estratégica.
¿Qué contraparte tienen estos discursos que prometen crecimiento y avance tecnológico en Europa? ¿Qué recursos naturales y humanos sostienen esa supuesta autonomía? Como pudimos constatar, este modelo no solamente genera un conflicto por recursos, sino un conflicto por las condiciones mismas de la vida en los países del Sur Global.
Proyecto Minero Cerro Blanco
Un ejemplo es la situación en Asunción Mita, Guatemala, donde un proyecto minero llamado Cerro Blanco ha ido adaptándose a lo largo de los años a las necesidades empresariales y al contexto político. Lo que comenzó como una extracción subterránea se quiso reconvertir en una explotación a cielo abierto, justificando el cambio con estudios de impacto ambiental cuestionados y mal delimitados.
El problema central no es solo ambiental, sino estructural: la comunidad cercana vive de la tierra, y la seguridad hídrica es el fundamento de su economía y de su organización social. Cuando una actividad minera compromete el acuífero, no está poniendo en riesgo una variable técnica, sino un sistema entero de vida y reproducción social. Pese a la consulta popular que rechazó el proyecto y la posterior revocación de la licencia, la empresa permanece en el territorio, buscando las condiciones para poder activar mecanismos de arbitraje internacional que podrían permitirle obtener beneficios sin llegar siquiera a producir.
Extracción de níquel en El Estor
En El Estor, también en Guatemala, un proyecto de extracción de níquel se mantiene pese a que está reconocida judicialmente la vulneración del derecho de consulta previa de las comunidades indígenas. Ante los intentos de resistir de la población. la respuesta institucional ha sido, en distintos momentos, declarar estados de excepción y militarizar el territorio: cuando la expansión del capital extractivo entra en conflicto con derechos sociales o colectivos, el Estado no actúa como mediador, sino como garante del proyecto económico y se impone por la fuerza, sea militar o policial.
Todo ello contrasta con el hecho de que, sobre el papel, existen sentencias, resoluciones internacionales e instrumentos jurídicos que reconocen dichos derechos, por lo que el problema no es la falta de normas, sino el vacío de poder del Estado en estos territorios, que resulta en una inaplicación sistemática en favor de intereses corporativos y la normalización de la violencia política como condición del negocio.
Concesión minera en Guapionol
En este mismo sentido, en Honduras, pudimos constatar cómo el extractivismo no solo altera el medio ambiente, sino también las jerarquías de poder y las economías locales. En Guapionol una concesión minera fue autorizada gracias a una modificación de los límites de un parque natural durante un gobierno marcado por la corrupción, y aunque legalmente la modificación ha sido revertida, la actividad extractiva continúa, protegida por seguridad privada armada y las estructuras políticas del narco que operan en paralelo a las instituciones formales. En la zona, el extractivismo minero convive con una política de concentración de tierras para la expansión del monocultivo de la palma africana para la exportación, que transforma los sistemas alimentarios locales y debilita la capacidad de las comunidades para vivir en ese territorio. Además, como en Guatemala, la criminalización de los defensores del territorio con años de prisión preventiva, procesos judiciales prolongados y hasta el asesinato, se utiliza como mecanismo de desgaste político y social.
Consecuencias del modelo extractivista
Las condiciones laborales que relataron los testimonios recabados durante la gira muestran de forma descarnada la cara social del modelo extractivista. Una mujer de la resistencia explicaba cómo, en las fases iniciales del proyecto, la empresa intentó ganarse a la población repartiendo regalos (botellas de agua, paquetes de pasta, papel higiénico o incluso pequeños electrodomésticos a las mujeres que trabajaban en tareas de limpieza), mientras el tráfico constante de vehículos blindados provocaba accidentes y tensaba la vida cotidiana. La contratación local fue mínima: se priorizaron perfiles externos y subcontratas, reproduciendo la dependencia y el desplazamiento de la comunidad.
Un antiguo trabajador de la mina relató haber sido contratado a través de una subcontrata, sin firmar contrato ni conocer bien la tarea, con jornadas de doce horas, pagos quincenales, sin equipo de protección y en condiciones de alto riesgo. Tras enfermar, fue despedido tres meses después, quedando con una incapacidad parcial permanente; un año mas tarde, la empresa le ofreció mil quetzales —unos 300 euros— para firmar un documento sin explicación. Casos como estos evidencian un patrón deliberado: evitar formalizar relaciones laborales estables y mantener la rotación y la precariedad como forma de eludir obligaciones y reducir costes.
Los tres casos comparten un mismo patrón: el extractivismo no es solo una actividad económica, sino un modelo de gobernanza territorial basado en la subordinación de la vida a la lógica de la acumulación. Esto se traduce en cuatro rasgos recurrentes. Primero, la captura del Estado, donde gobiernos y aparatos jurídicos dejan de garantizar los derechos de su población para garantizar la extracción de beneficios por parte de las empresas transnacionales. Segundo, la militarización y la normalización de la violencia como herramienta para controlar territorios y desarticular resistencias. Tercero, la precarización laboral estructural, donde la subcontratación, la informalidad y la ausencia de protecciones no son anomalías, sino parte del modelo. Y cuarto, la dependencia impuesta: las comunidades se ven forzadas a abandonar sus economías autónomas y a depender de mercados internacionales que no controlan.
De América Central a Europa
Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros? Buena parte de los minerales que se extraen en Guatemala, Honduras y otros países del Sur Global (como el níquel, el cobalto o el litio) son esenciales para la transición energética y digital europea. Desde las baterías hasta las placas solares o los sistemas electrónicos, la llamada reindustrialización verde depende materialmente de recursos que no producimos aquí, y cuyos costes ecológicos y sociales se externalizan allá. Así, la transición ecológica, tal como hoy se formula, corre el riesgo de generar una falsa sensación de transformación: reducir emisiones en el Norte mientras se destruyen acuíferos, bosques y comunidades en el Sur.
Pero el problema no se limita al impacto ambiental o laboral. La estructura productiva de estos países, heredera del modelo primario-exportador de raíz colonial, condiciona toda su arquitectura política. Economías basadas en la extracción de materias primas, dependientes de las remesas que envían los migrantes y de la exportación de productos cuyos precios se determinan en los mercados internacionales difícilmente pueden sostener Estados soberanos.
La dependencia de la inversión extranjera no es coyuntural, sino estructural: incluso gobiernos que se declaran progresistas o socialdemócratas, como los actuales en Guatemala y Honduras, se ven obligados a plegarse ante las exigencias del capital transnacional para asegurar divisas, inversión o estabilidad política. La captura del Estado no siempre se impone por la fuerza: también opera a través de la asfixia económica, los tratados de libre comercio y los mecanismos de arbitraje internacional que reducen su margen de maniobra. El resultado son Estados formalmente democráticos y soberanos, pero materialmente subordinados.
Hacia una justa transición ecosocial
Por eso, la discusión sobre la transición ecosocial no puede reducirse a un cambio tecnológico. No se trata solo de cómo produciremos energía, sino de cuánta energía y cuántos materiales consumiremos, y de qué relaciones sociales y territoriales sostendrán ese uso. La defensa de la vida exige reducir la demanda material, sustituir y circular los recursos, y condicionar las cadenas de suministro a criterios verificables de justicia ambiental, laboral y social. Sin consulta previa real, sin titularidad colectiva garantizada y sin derechos laborales y ambientales efectivos, no debería haber financiación, compra pública ni apoyo institucional.
La responsabilidad, por tanto, no se limita a denunciar los abusos del Sur, sino a revisar las condiciones bajo las que se financia y contrata desde el Norte. Las políticas industriales y de transición deben incorporar mecanismos de condicionalidad que aseguren trazabilidad, transparencia y cumplimiento de derechos a lo largo de toda la cadena de valor. De lo contrario, la autonomía estratégica europea se construirá sobre nuevas dependencias, alimentando la misma lógica de desposesión que sostiene el modelo extractivista global.
Lo que se vio en Guatemala y Honduras no es una realidad ajena, lejana o exótica. Es un espejo material del modelo económico en el que también participamos. Las minas de allí y la transición de aquí forman parte de un mismo metabolismo desigual.
El reto no es frenar la transición, sino redefinirla desde la justicia: apoyar economías territoriales que garanticen autonomía y soberanía sobre lo esencial para vivir, proteger los bienes comunes y el trabajo digno, y romper con un esquema que convierte la vida y la naturaleza en variables subordinadas a la acumulación. Las comunidades del Sur ya están construyendo alternativas. La cuestión es si nosotros seremos capaces de mirarnos en ese espejo y actuar en consecuencia: no solo en el discurso, sino en la forma en que producimos, consumimos y organizamos la vida.