Manifestación en defensa del servicio público de justicia

31/01/2013
Todos los sindicatos con representación en la Administración de Justicia de la CAPV (ELA, CCOO, LAB, CSIF,UGT y CGT), han convocado una manifestación para hoy en Bilbao, en protesta porlas medidas que está tomando el Ministerio de Justicia, porque suponen un ataque de enormes proporciones al Servicio Público de la Justicia y a los derechos de acceso a la Justicia en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía.

 

Todos los sindicatos con representación en la Administración de Justicia de la CAPV, queremos manifestar nuestra rotunda oposición a las medidas que está tomando el Ministerio de Justicia, porque suponen un ataque de enormes proporciones al Servicio Público de la Justicia; a los derechos de acceso a la Justicia en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía; a la justicia para todas las personas, representada por el principio de tutela judicial efectiva; además de resultar un impedimento -mediante la imposición- para cualquier decisión que se pueda tomar al respecto por nuestras Instituciones.

En este sentido:

  1. Nos oponemos a la Ley 10/2012 (Ley de Tasas) porque crea una justicia sólo para la parte de la sociedad que pueda costearse la subida de las tasas judiciales, mientras deja a la inmensa mayoría de la sociedad, ciudadanos/as en paro, trabajadores/as, pensionistas…, sin posibilidades de acudir a la Justicia a defender sus derechos porque no podrán pagarla.

  2. Denunciamos que la Administración de Justicia ampare a los bancos que con sus demandas privan a miles de ciudadanos de un derecho fundamental como es la vivienda.

  3. Denunciamos el oscurantismo y el despotismo del Ministro de Justicia en la elaboración y tramitación de los proyectos de ley de reforma de la Administración de Justicia, despreciando soberanamente la negociación con los/as representantes de los/as trabajadores/as y los colectivos de profesionales que día a día mantienen en pie el servicio público de la Adm. de Justicia.

  4. Nos oponemos a la privatización del Registro Civil que propone el Ministro de Justicia, la cual va a suponer que los/as ciudadanos/as pagarán por unos servicios que ahora prestan los/as empleados/as públicos de la Administración de Justicia de forma gratuita, al ser un servicio público indispensable, y que, de llevarse a cabo, supondrá un lucrativo negocio para Registradores y Notarios.