Dar dinero público a la banca para quitárselo a la gente es injusto e inmoral

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz "Txiki", ha comparecido en Donostia junto al responsable del área social, Mikel Noval para hacer una valoraciòn de las consecuencias del acuerdo del eurogrupo del pasado sábado para el rescate de la banca.

El comunicado del eurogrupo señala que el volumen del préstamo será de 100.000 millones de euros, una cifra que supera el déficit público que tuvieron en 2011 todas las instituciones del estado español juntas. Esta cifra equivale, aproximadamente, al 10% del PIB.

Es un préstamo al gobierno, no un préstamo a la banca. El dinero lo recibirá el Fondo para la Reestructuración Ordenada de las instituciones bancarias (FROB), que es un Fondo del Gobierno español. El FROB (el Gobierno) recibirá los fondos, y será el gobierno el que los tenga que devolver, pagando un interés.

Quien tiene que devolver el crédito es el gobierno, no la banca. El comunicado del eurogrupo es claro, e indica que “el Gobierno español conservará la plena responsabilidad de la ayuda financiera y firmará el Memorando de Entendimiento”. En este memorando se recogerán las condiciones y compromisos que deberá adquirir el gobierno.

El gobierno dará esta ingente cantidad de dinero público a la banca. No se lo va a prestar sino que se lo va a dar, como se ha anunciado en el caso de Bankia. Es obvio que el gobierno no va a ganar dinero, sino que va a perder, y mucho. Lo que no se sabe es cuánto. En el caso de Bankia el gobierno piensa darle 23.500 millones de euros, destinados a adquirir capital del Banco. El objetivo de esta operación es sanear el banco y volver a privatizarlo, y lo razonable es pensar que la la futura privatización (en caso de que la entidad sobreviva) se haga a precio de saldo. Es lo que ocurrirá en todos los casos.

Es un trasvase de renta a la banca que va a suponer más paro y más recortes sociales. ELA rechaza la utilización de términos engañosos como “rescate” o “financiación europea a condiciones muy ventajosas”:

• Las operaciones aplicadas con Grecia, Irlanda o Portugal no han sido ningún rescate, sino un empujón al precipicio. Y eso es lo que ocurre ahora con el Estado español. En los cuatro casos ocurre lo mismo: préstamos al gobierno para ponerlos en manos no del pueblo, sino de empresas privadas de distinta índole. En todos los casos una parte importante de ese dinero se da directamente a la banca, como ocurre ahora con el estado español.
• La financiación no va a ser en condiciones muy ventajosas. Según las filtraciones, el tipo de interés será de entre el 3 y el 3,5%, muy superior al 1% al que el Banco Central Europeo ha estado prestando a las entidades financieras de la Unión Europea.
• Se van a intensificar las políticas de ajuste y recortes, con el consiguiente aumento del paro y de la desprotección social. Esta operación va a suponer más déficit y deuda pública. Teniendo en cuenta las políticas acordadas por los gobiernos para reducir el déficit y la deuda pública, destinar recursos a la banca reducirá los recursos económicos destinados a otras cuestiones, como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, etc. Es decir, se va a dar dinero a la banca para quitarlo de lo que la gente necesita.

No es verdad que no vayan a imponerse condiciones de política presupuestaria o de recortes sociales:

• Además de que el gobierno devuelva el crédito con sus correspondientes intereses, cuando se firme el préstamo se le impondrá condiciones sobre sus políticas públicas. Hoy todavía no se conocen estas condiciones. El gobierno insiste en que solo afectarán a los bancos. Esto no hay quien se lo crea. Lo ha dicho el ministro de finanzas de Alemania: lo que se exija a la banca será una parte de las condiciones, pero habrá más. El gobierno ha mentido continuamente en este proceso y lo sigue haciendo ahora (por ejemplo, Rajoy decía hace apenas un mes que no iba a haber ni un euro de dinero público para la banca, o hace diez días negaba que iba a pedir dinero a la Unión Europea).
• El comunicado del eurogrupo indica que “se vigilará de cerca y de forma periódica el progreso en estas áreas, al mismo tiempo que se proporcione la ayuda financiera.” Las áreas a las que se refiere son la política presupuestaria, corregir los desequilibrios macroeconómicos o las reformas estructurales. Es decir, el eurogrupo relaciona claramente ir entregando el dinero al gobierno a que éste aplique las políticas de recortes de derechos laborales y sociales. Igual que ha ocurrido hasta ahora en Grecia, Portugal o Irlanda.
• Un ejemplo de la condicionalidad de estas políticas lo tenemos en las recomendaciones del Consejo Europeo al gobierno español, aprobadas el pasado 30 de mayo, que, entre otras cuestiones, instan a la reducción adicional del déficit público, a reducir las cotizaciones sociales y aumentar el IVA y otros impuestos indirectos, a adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y tomar nuevas medidas de recorte de las pensiones. Sin duda, el acuerdo futuro contemplará la “obligatoriedad” de aprobar este tipo de recomendaciones.
• El Fondo Monetario Internacional tendrá un papel de supervisión, lo que avala que las políticas van a tener efectos nefastos para la población. El comunicado del eurogrupo recoge que “Invitamos al FMI a apoyar la aplicación y la supervisión de la ayuda financiera mediante informes periódicos”. Esto supone dar un papel de control al FMI, lo que está relacionado con la condicionalidad de las políticas.

No va a suponer más crédito, sino la cobertura de agujeros gigantescos de las actuales entidades financieras. Con todas las reformas hasta ahora aprobadas para el sector financiero se ha dicho que pretendían favorecer que el crédito fluya a las empresas y a las familias. Nada de eso ha ocurrido. Y tampoco pasará ahora. Las entidades financieras tienen unos agujeros enormes, cuyas cifras reales se desconocen, y el dinero que meterá el gobierno es para tapar los agujeros. Basta recordar que entre diciembre y febrero el Banco Central Europeo ha prestado más de 200.000 millones de euros a la banca del estado español, a tres años, sin que por ello haya aumentado el crédito.

Existe un acuerdo político de fondo para aplicar estas políticas y desinformar a la sociedad. Se nos ofrece una gran avalancha de información, pero con muy pocos datos sobre lo que realmente se ha aprobado. Se manipula el lenguaje. Con independencia de quién esté en el gobierno, las políticas aplicadas han ido en la misma dirección. La duda que surge es si habrá una formalización de un nuevo Pacto de Estado para dar cobertura a este saqueo contra la mayoría de la población.

En definitiva, podemos concluir que:

• Lo anunciado el sábado es un paso más en una estrategia diseñada por el gobierno para trasvasar enormes cantidades de dinero público a la banca, recortando los derechos laborales y sociales. Esta estrategia se basa en la mentira y en el acuerdo entre los poderes económico, financiero y político.
• Si no tienen dudas de que la banca va a pagar o de que invertir en la banca del estado español es rentable, que lo haga el capital privado, no el público. No queremos que se les rescate con nuestro aval, si les avalamos las víctimas seremos todos. No nos fiamos. queremos que respondan por todo lo que han hecho, como hacemos el resto de conciudadanos.
• La operación es un empujón al precipicio, no un rescate. Va a suponer un empobrecimiento generalizado de la población, a través del aumento del paro y de la desprotección social.
• Dar dinero a la banca y quitárselo a la gente es totalmente injusto e inmoral. Hay que dejar caer a la banca que lo ha hecho mal: no se puede premiar a los bancos irresponsables y oportunistas. El coste que tendríamos que asumir por dejarlos caer es mucho menor que el vamos a sufrir por sacarlos a flote. No es justo que todos los días siga habiendo víctimas de los bancos codiciosos (personas que pierden casas a medias de pagar, empresas “reales” que no obtienen créditos para proyectos razonables), mientras que se da dinero a esos gigantes insaciables con pies de barro.
• El rechazo social y la movilización es la única vía para conseguir cambiar las políticas.