Dejarán de notificar en papel, alejándose más de una atención presencial de calidad
A partir del 1 de septiembre de 2026, las notificaciones de la Seguridad Social a quienes estén tramitando o percibiendo prestaciones por nacimiento o cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, lactancia, incapacidad temporal, incapacidad permanente o lesiones permanentes no invalidantes dejarán de realizarse, con carácter general, en papel y deberán practicarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (Orden ISM/541/2026).
Esto significa que no habrá notificaciones por correo postal y que las personas afectadas deberán acceder periódicamente a la Sede Electrónica mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico para comprobar si tienen alguna notificación pendiente. Aunque la Seguridad Social podrá enviar un aviso por SMS o correo electrónico, ese aviso no constituye la notificación. Si la persona no accede a tiempo al contenido de la comunicación, ésta se entenderá legalmente practicada y los plazos para formular alegaciones, presentar documentación o recurrir comenzarán a correr igualmente, con el consiguiente riesgo de pérdida de derechos.
ELA considera que esta modificación es un paso más en la amortización y reducción de recursos destinados a la atención directa del INSS y genera una carga añadida y, en muchos casos, una gran indefensión a la ciudadanía. “Esta indefensión recaerá una vez más sobre los colectivos más vulnerables como lo son las personas con menos competencias digitales o quienes carecen de medios tecnológicos, entendiendo además que las y los usuarios de la misma son personas en situación de enfermedad en la mayoría de supuestos”, lamenta.
Resulta especialmente preocupante, remarca ELA, que esta medida se adopte en un contexto de cierre de oficinas en Euskal Herria a causa de la falta de personal (como en el caso de Durango); reduciendo más si cabe la atención presencial a la ciudadanía. “No podemos permitir que los servicio públicos suplan la atención presencial a la ciudadanía a través de la digitalización”, subraya.
ELA considera que la utilización de medios electrónicos debe convivir con una atención presencial suficiente, accesible y de calidad, garantizando que ninguna persona pierda una prestación o vea limitada su capacidad de defensa. Afirma que los derechos sociales no pueden depender del nivel de acceso informático de cada persona ni servir de excusa para seguir reduciendo empleo público y debilitando unos servicios públicos que deben estar al servicio de toda la ciudadanía.