Desestimado el ERTE de fuerza mayor solicitado por la empresa Eurest en los comedores escolares de licitación pública
ELA recuerda que desde que se iniciara la supresión del servicio educativo y se decretara el cierre de los colegios, todas las empresas adjudicatarias de servicios de comedor o transporte escolar comenzaron a la carrera a solicitar ERTEs de fuerza mayor.
Su intención es tener la menor pérdida económica, repercutiendo todo el esfuerzo a las trabajadoras del sector. Conocedoras de la situación de precariedad que el colectivo de trabajadoras tiene, no contemplaron ninguna otra medida que pudiera minimizar el efecto de esta situación en las ya precarias condiciones existentes en un sector mayormente feminizado.
Desde el principio de la situación y antes de que se dictará el Decreto del 17 de marzo con las medidas laborales, en las distintas reuniones mantenidas con las empresas, éstas se limitaban a notificar a los representantes sindicales la solicitud del ERTE, negándose a negociar ninguna compensación o medida alternativa.
ELA, por contra, ha defendido el mantenimiento de los contratos y los salarios, así como reclamar el coste como daños y perjuicios ante los órganos de contratación, porque así se recoge en los pliegos de licitación y así lo establece la Ley de Contratos del Sector Público. "Las empresas no quisieron oír. Resultaba más fácil hacer recaer toda la situación a las trabajadoras que reclamar y enfrentarse a la administración, que teniendo el presupuesto asignado y aprobado tenía previsto ese gasto y se lo iba ahorrar a costa del esfuerzo y sacrificio del colectivo de trabajadoras".
El decreto posterior dictado por el Gobierno ha venido a avalar aquello que ELA ha estado defendiendo tanto con las empresas como en conversaciones con la autoridad laboral.
La resolución dictada por la autoridad laboral desestima el ERTE de fuerza mayor solicitado por EUREST en la CAPV al considerar el derecho a indemnizaciones y la posibilidad de reclamar los salarios como daños y perjuicios.
ELA defenderá que la opción del ERTE tiene que ser la última medida, dado que es la más agresiva de todas, y que las empresas, en especial el Gobierno Vasco y las administraciones públicas, tienen que asumir sus responsabilidad y obligaciones respecto a las trabajadoras y las subcontratas, asumiendo los salarios y condiciones de las trabajadoras durante esta situación, dado que esto no va a suponer un gasto mayor al que ya tenían presupuestado. El gasto sigue siendo el mismo.
Además, solicitará el desestimiento de todos aquellos ERTEs que los trabajadores/as dependan de empresas adjudicatarias y con contratos con las distintas Administraciones Públicas.