EL 73 % del personal temporal público del Gobierno Vasco queda fuera de los procesos de estabilización aprobados hasta la fecha

La temporalidad del sector público en Hego Euskal Herria sigue siendo la más alta de Europa y del Estado, y triplica al sector privado. “Hay más de 77.000 trabajadoras y trabajadores temporales públicos, un 44% en la CAV y el 51 % en Nafarroa”, ha denunciado Igor Eizagirre, secretario general de Gizalan de ELA, en la rueda de prensa ofrecida junto con Miren Zubizarreta (Educación ELA), y Esther Saavedera (Osakidetza ELA).

En sanidad la situación es aún “más dramática”, según Saavedra, con la mitad de las plantillas de Osakidetza y Osasunbidea en situación de temporalidad (24.000 en Osakidetza): “Esa situación se va a agravar aún más por el ritmo de jubilaciones que en Osakidetza asciende a unas 1.200 personas anuales”. Ha recordado que actualmente existen un total de 1.645 plazas sin ocupante, y 3.654 empleados y empleadas trabajan en fraude como temporales de larga duración en plazas o puestos de trabajo que responden a funciones estructurales pero que no están reconocidas como tal. “Estas plazas no son ofertadas en las oposiciones y resto de procesos selectivos”.

Y es que con las OPEs de estabilización anunciadas por el Gobierno Vasco para rebajar supuestamente la temporalidad al 8 % , el 73% de las y los temporales, 34.451 personas, no consolidarán sus puestos de trabajo. “En Educación, el 70% de la plantilla temporal queda fuera de esos procesos: unas 12.000 personas”, asegura Zubizarreta. “En los procesos ordinarios se cubren las bajas por jubilación”. En Osakidetza son casi 21.000 las que se quedarán sin posibilidad de consolidar su puesto. “El Gobierno Vasco manifiesta su voluntad de rebajar al 8% la temporalidad, como marca la Ley, pero las plazas ofertadas son irrisorias”, afirma Eizagirre.

Esta es la situación general:

La temporalidad es el paso previo a la privatización del sector público. Hay 120.000 trabajadores y trabajadoras en servicios esenciales del sector público que están privatizados. Destaca el sector de cuidados, con el 90% de los servicios privatizados. En Osakidetza, “el Departamento de Salud destinó en 2023 un total de 269 millones de euros a financiar los servicios privatizados, un 9% más que el año anterior. El último ejemplo es el de los almacenes, cuya adjudicación a una empresa privada se va a realizar por un total de 129 millones de euros”, denuncia Saavedra. Estos datos demuestran que el “mantra de la colaboración público-privada” no es más que una apuesta por privatizar lo público, asegura Eizagirre.

Además, hay que recordar que Hego Euskal Herria se encuentra a la cola del empleo público. En la UE el 20% de las y los trabajadores son públicos, en el Estado son el 17%, y en la CAV apenas supera el 15%. En cuanto a la inversión, más de los mismo: por ejemplo, la inversión en salud es del 5,6% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 8%; la inversión en educación, por su parte, es del 3,85% del PIB, mientras que la media europea es del 4,8%.

Sentencia europea y propuestas de ELA

La Sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supone un nuevo varapalo para las instituciones, ya que vuelve a poner de manifiesto el uso abusivo de la contratación temporal en las administraciones públicas. A pesar de que puede abrir la puerta a una posible fijeza (al menos en el caso de los laborales), deja el futuro de miles de temporales en manos de los tribunales y de las sentencias que puedan dictar.

Por ello, ELA considera necesaria una modificación legislativa que permita la consolidación de esas plantillas, que rebaje la temporalidad al 8% y que articule mecanismos para que esta situación no se vuelva a repetir. Es cuestión de voluntad política. ELA ya denunció que ni la llamada Ley Iceta, ni la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración de la CAV, ni el resto de normativa, suponen una solución suficiente y garantista.

Por todo ello, ELA exige a las instituciones y partidos políticos vascos que no privaticen ningún servicio público más y que reviertan los ya privatizados. Asimismo, que dejen de escudarse en los supuestos vetos de Madrid, que eliminen las tasas de reposición y los obstáculos, para posibilitar la consolidación del empleo del personal público temporal.

Para ello, hay que articular procesos excepcionales con garantías de consolidación para el personal temporal, antes de que finalice el año. Convocando todos los puestos estructurales, incluidos los que todavía no cuentan con ese reconocimiento (puestos de trabajo cubiertos por temporales en los tres últimos años, estén formalmente creados o no en la RPT o instrumento de ordenación de personal correspondiente). Así como prever sanciones para aquellas administraciones que no lleven a efecto dichos procesos y no rebajen la temporalidad al 8%. Y también que se adopten mecanismos para evitar situaciones similares a futuro.

Ante esta situación, ELA insiste en la necesidad de la huelga en el sector público del 12 de marzo.