El acuerdo alcanzado por el Ministro Miquel Iceta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF posibilita el despido de los empleados públicos temporales

Hoy, 5 de julio, el Gobierno español y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han firmado un acuerdo respecto a la temporalidad en el sector público. Lo pactado resulta muy grave, tanto por su contenido como por la forma de tramitación de la norma por la que se ha optado. Porque:

• Impone las tasas de reposición de trabajadoras y trabajadores públicos. Por tanto, el estado español seguirá imponiendo y limitando el número de trabajadores y trabajadoras públicos que necesitamos en nuestro país. 
• Abre la puerta al despido de miles de trabajadoras y trabajadores públicos temporales que durante años han sacado adelante los servicios públicos. Se apuesta por los procesos de estabilización del ex-ministro Cristóbal Montoro, que ya se han mostrado absolutamente ineficaces de cara a la consolidación real de las trabajadores y trabajadoras temporales.
• Además, a estas trabajadoras y trabajadores que han sufrido el abuso de la temporalidad ni se les garantiza la integración en bolsas, ni la indemnización de 20 días por año. 
• No se proponen medidas reales para evitar que en el futuro se repitan las actuales tasas de empleo temporal, destrucción de empleo y privatización del sector público. 
• Para los firmantes, áreas como salud y educación deben ser secundarias, ya que retrasan hasta un año la adopción de estas medidas en estos dos ámbitos.  

• Además de las graves consecuencias que pueden acarrear estas medidas, el Gobierno plantea que su aprobación sea a través de un proceso excepcional con graves carencias democráticas, como es la utilización del Real Decreto Ley.

Firmar o avalar este acuerdo supone abrir la puerta al despido de miles de trabajadoras y trabajadoras temporales del sector público, apoyar la tendencia hacia la privatización del sector público y aceptar una forma de tramitar  la modificación legislativa que adolece de graves carencias democráticas.

No se ha atendido a ninguna de las peticiones realizadas por este sindicato en aras a dar respuesta a la situación actual: 

• Eliminación definitiva de las tasas de reposición establecidas en Madrid, con el fin de crear empleo público y publificar los servicios ya privatizados. 
• Supresión de las trabas a los procesos de consolidación de empleo en todas las administraciones vascas, con el fin de garantizar el empleo a las más de 70.000 personas que en la CAPV y Navarra sufren la lacra de la eventualidad. 
• Adopción de medidas para evitar que la situación actual vuelva a repetirse; esto es, garantizar que los servicios públicos se dotan de empleo público y personal público estable.

ELA exige a las instituciones vascas y a los partidos políticos vascos que rechacen y no  avalen con su voto esta propuesta del Gobierno que, además de una grave injerencia en la capacidad del auto-gobierno, puede suponer el despido de miles de trabajadoras y trabajadores del sector público. Además, insta al Gobierno de Gasteiz e Iruña a recurrir el texto en caso de que el Gobierno del Estado lo apruebe por la vía del Decreto Ley.  

ELA seguirá impulsando la movilización para lograr los cambios normativos necesarios para la consolidación real y efectiva. Por ello además de haber iniciado una serie de reuniones con los sindicatos que participaron en la huelga del sector público de la CAPV, está manteniendo contactos con otros colectivos de interinos para acordar movilizaciones.