El acuerdo del Gobierno Vasco y las diputaciones con el Estado sobre el déficit es ridículo

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el 30 de septiembre la suspensión en 2020 y 2021 de los limites de déficit, deuda y regla de gasto para todos los territorios y administraciones del Estado. Sin embargo, ese mismo día, el Gobierno Vasco y las Diputaciones forales llegaron a un acuerdo con el Gobierno español en la Comisión Mixta del Concierto Económico en el que se establece para esas instituciones de la CAPV un límite del déficit del 3,5% del PIB en 2020 y del 3% en 2021.

En opinión de Mikel Noval, responsable de política social, “incomprensiblemente, el mismo día que se anuncia la eliminación de esos límites para el resto de instituciones del Estado español, el Gobierno Vasco y las Diputaciones salieron de esa reunión anunciando e incluso tildando de ‘histórico’ un acuerdo que supone autoimponerse un límite que nadie más va a tener. Cuando se han suspendido las reglas fiscales para estos dos ejercicios en Europa y en el Estado español la CAPV pacta limitar su capacidad de gasto. Es una medida de una enorme gravedad, completamente inexplicable”.

“El acuerdo es inaudito, porque supone la renuncia al autogobierno, y además muestra la falta de voluntad para cubrir las necesidades sociales existentes. Es cierto que puede calificarse de ‘histórico’, pero sobre todo por el ridículo mayúsculo y la dejación de parte de nuestras instituciones ante una cuestión tan trascendental como ésta. En esta ocasión sí que hay un trato bilateral y diferenciado, pero para salir peor que otros territorios”.

Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, cree este acuerdo deja claro la apuesta neoliberal del Gobierno de Urkullu y Mendia por situarse en la vanguardia, incluso en esta coyuntura, en las recetas de la austeridad neoliberal. “Hay que recordar que los límites de déficit y deuda pública, así como la regla de gasto, son un mecanismo encaminado a imponer las políticas de ajuste en las políticas públicas. Por ello debería haberse aprobado la derogación (no debería limitarse a dos años, sino que debería ser definitiva) de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera (aprobada por Rajoy) que establece ese mecanismo. Asimismo, se debería dejar sin efecto la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución (aquella que Zapatero concedió a Merkel), que da prioridad al pago de la deuda frente a la cobertura de las necesidades sociales”.

Lakuntza ha reclamado al Gobierno Vasco y a las Diputaciones, así como al Gobierno de Navarra (que había acordado un límite del 2,6% del PIB para 2020), que den marcha atrás en ese acuerdo, y que se acojan a la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021. “Esto es imprescindible para que el conjunto de las instituciones de Euskal Herria (Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Diputaciones Forales y ayuntamientos) aumenten de manera notable las partidas presupuestarias destinadas a cubrir las necesidades evidenciadas con la crisis sanitaria, social y económica que vivimos. Esa posibilidad de endeudamiento a corto plazo debe ser acompañada con una reforma fiscal que aumente de manera importante la recaudación. De lo contrario, en 2022 el previsible aumento de la deuda pública va a ser la justificación para aplicar fuertes recortes. Eso ya lo vimos en la crisis de 2008, y no debería aceptarse que vuelva a suceder lo mismo”.

Conviene recordar que ELA elaboró en mayo 24 propuestas en las que, entre otras cuestiones, se recogían medidas concretas en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre el patrimonio y las grandes fortunas con las que se podría aumentar la recaudación en 3.750 millones en la CAPV y 900 en Navarra.