El acuerdo sobre los ERTEs no ayuda a mantener ningún puesto de trabajo

El coste de las medidas lo van a sufragar los trabajadores y trabajadoras a través de los impuestos que pagan y no los empresarios, como reclamaba ELA. El sindicato había propuesto la creación de un fondo público vasco de aplicación para todos los sectores profesionales, financiado por los beneficios de las empresas (recargo en el impuesto de sociedades) y condicionado a mantener todo el empleo, incluyendo el temporal. El monto de dicho fondo podría rondar los 300 millones; es decir, una cuarta parte de la recaudación del impuesto sobre sociedades en la CAPV.

A pesar de que ELA había mostrado su disposición a llegar a un buen acuerdo, el Gobierno vasco ha actuado, una vez más, de manera sectaria, dejando a un lado a la mayoría sindical vasca, consciente de que no iba a tener oposición alguna en la Mesa de Diálogo Social y el resultado iba a ser el más barato, como así ha resultado.

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