El aumento del presupuesto vasco es inferior a lo anunciado y no aborda los retos estructurales
A pesar de la propaganda institucional sobre el aumento del presupuesto también en materia de vivienda, en 2026 se destinarán 14 millones menos que en 2025 —482 frente a 496 millones de euros—. ELA considera que se trata de una cuantía claramente insuficiente, que pone de manifiesto la falta de liderazgo del Gobierno Vasco en política de vivienda y su incapacidad para garantizar este derecho básico.
En el ámbito de la sanidad, el presupuesto aumentará en 182 millones de euros. Sin embargo, el año pasado el Gobierno justificó un incremento similar para cubrir las deficiencias existentes detectadas en la mesa de salud. No parece que de cara a 2026 vaya a producirse ningún cambio estructural en el gasto sanitario. Se confirma así que la mesa de salud no está teniendo consecuencias reales.
En educación, el presupuesto apenas aumenta en 8 millones de euros, lo que en la práctica supone una congelación. Este dato evidencia la falta de una apuesta real por fortalecer el sistema público educativo vasco y mejorar las condiciones laborales de su personal.
En cuanto a los salarios y el empleo de la plantilla del Gobierno Vasco, una vez más el Parlamento ha decidido no ejercer sus competencias en materia laboral y dejar en manos de Madrid estas cuestiones clave. Esta renuncia se produce a pesar de la altísima temporalidad y de la congelación salarial sufrida en los últimos años.
Además, los 935 millones de euros que el Gobierno presenta bajo el concepto “Euskadi Eraldatuz 2030” no forman parte realmente del presupuesto, sino que corresponden a un plan de inversiones que no debería anunciarse junto al proyecto presupuestario. Además, esta cuantía se financiará a través de deuda, lo que incrementará el endeudamiento de las administraciones públicas. En este sentido, recordar que este año se ha llevado a cabo una reforma fiscal que prevé una disminución de la recaudación tributaria, una medida que choca frontalmente con las necesidades del país.
Ante este proyecto continuista, ELA reclama una reforma fiscal urgente para que las empresas y las rentas altas contribuyan más, equiparar el gasto en salud, educación y vivienda a la media europea, garantizar unos ingresos mínimos que aseguren una vida digna y crear un fondo público para impulsar la transición ecosocial.