Guía de actuación en las empresas tras el decreto de medidas extraordinarias del Gobierno del Estado
ELA considera que el Real Decreto Ley no garantiza el derecho a la salud ni la cobertura económica de las y los trabajadores y las personas de colectivos sociales más vulnerables. ELA también denuncia el uso propagandístico que hizo ayer Pedro Sánchez: las cifras y palabras grandilocuentes contrastan con la insuficiencia de las medidas adoptadas.
El Gobierno español, al igual que el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, siguen negándose a adoptar la decisión de cierre de las actividades no esenciales. Donde se está cerrando, es porque así lo están exigiendo miles de trabajadores y trabajadoras. No tiene ningún sentido empecinarse en primar los intereses económicos a corto plazo de las empresas, en una actitud que favorece la extensión del COVID-19, poniendo en riesgo la salud pública y la propia salud de los trabajadores y trabajadoras. A ello hay que añadir que no existe una autoridad eficaz para hacer cumplir las medidas de salud o laborales que se deben adoptar. La Inspección carece de medios, y no actúa en las empresas donde hay aglomeraciones o donde no se cumplen las distancias de seguridad, ni existen los productos de limpieza e higiene necesarios, etcétera. Es inaceptable el uso del Ejército y los cuerpos policiales para vigilar las calles mientras los centros de trabajo (gran foco de riesgo) siguen sin ser inspeccionados y evaluados.
Sobre los ERTE (regulaciones de empleo), ELA denuncia que las medidas adoptadas (flexibilidad para que se consideren de fuerza mayor, exención de las cotizaciones sociales empresariales...) pueden dar lugar a abusos de las empresas. Se dificulta la negociación para que los trabajadores y trabajadoras opten a mejores condiciones, y no se prohíben los despidos. Así, quienes tienen un contrato eventual pueden perder el empleo, y también la prestación. Tampoco se protege a la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que ya han sido despedidos por otras vías ni a los que se vaya a despedir en los próximos días o semanas.
En relación a las necesidades de cuidado como consecuencia del COVID-19, el Real Decreto Ley es muy parco en cuestiones como el carácter preferente del trabajo a distancia o los derechos de adaptación del horario y reducción de la jornada laboral como consecuencia del COVID-19, no cumpliendo las expectativas de creación de una nueva prestación de la Seguridad Social, que brilla por su ausencia.
Sobre los colectivos más vulnerables, el Real Decreto Ley da unos pequeños pasos, pero muy insuficientes. Por ejemplo, solo una pequeña parte de la población vulnerable va a poder acogerse a la moratoria para el pago de hipotecas (debido al tope de ingresos que se pone para las familias, que es muy bajo). Y no se recoge ninguna medida para quienes, en la misma situación, viven en alquiler. El Fondo Social Extraordinario para afrontar situaciones de pobreza infantil o de otro tipo de necesidades sociales perentorias se ha dotado con 300 millones de euros, una cifra muy baja.
La realidad de las medidas contrasta con la utilización propagandística. Pedro Sánchez señaló que se iban a movilizar 200.000 millones de euros, sabiendo que en realidad el Gobierno solo va a poner, como máximo, 15.000. El resto serán avales para las empresas (102.000 millones), que ya se verá si se utilizan, en qué y para qué. Y el resto (83.000 millones) son fondos privados que el presidente del Gobierno español ni siquiera se ha molestado en decir de dónde salen. Es un ejercicio de propaganda impropio de una sociedad democrática, y menos en estado de alerta.