El espionaje ilegal a electos y militantes independentistas catalanes y vascos es extremadamente grave

Para ELA es inadmisible que representantes políticos y militantes de la sociedad civil sean sometidos a procedimientos de espionaje que, en democracia, deben estar estrictamente reservados para la lucha contra el crimen y esto con las debidas garantías judiciales. Esta práctica demuestra la nula raigambre democrática del estado español, déficit que no se corrige cuando fuerzas pretendidamente progresistas alcanzan posiciones de gobierno, como sucede en la actualidad.

El gobierno Sánchez debe comparecer ante el Parlamento para rendir cuentas sobre el contenido de la denuncia; debe depurar responsabilidades políticas y debe poner en conocimiento de la justicia los detalles de que disponga sobre estas prácticas de tinte orwelliano. Lo revelado evidencia una situación de enorme vulnerabilidad para las personas militantes y para organizaciones de la sociedad civil que, como ELA, precisan para su desempeño de marcos garantes de las libertades y derechos fundamentales.