El Gobierno de Navarra escenifica un acuerdo con UGT y CCOO en discapacidad para limitarse a cumplir la Ley de Contratos que impulsó ELA en el Parlamento

El acuerdo se limita a aplicar desde 2017 la subida del 3,35% que debería estar en vigor desde 2012 si las empresas del sector no se hubieran descolgado del convenio sectorial aprovechando la reforma laboral del PP. Dicho convenio fue firmado por UGT y CCOO, y en él se permitía ese eventual descuelgue que las empresas aprovecharon.

Lo que se vende como positivo del acuerdo se reduce a que el Gobierno de Navarra dice que cumplirá la Ley Foral 1/2015 sobre Contratos Públicos, que le obliga a rescindir la contrata en caso de que las empresas adjudicatarias incumplan el convenio sectorial. Aún así, si dicho convenio permite el descuelgue salarial, está por ver qué ocurriría con la contrata, porque en tal caso regresaríamos a la misma situación de 2012.

De todas formas, dicha Ley Foral 1/2015 es de obligado cumplimiento gracias a que el sindicato ELA la introdujo en el Parlamento de Navarra mediante una ILP que recogió 14.635 firmas. La ley se aprobó por unanimidad gracias al impulso de ELA, y ahora el Gobierno anuncia que la va a cumplir, algo que siempre es positivo, pero que depende únicamente del Ejecutivo y para lo que no necesita a los sindicatos.

Para lo que sí necesita a UGT y CCOO es para hacer efectiva la renuncia a los salarios no cobrados desde 2012 y para limitar la negociación del próximo convenio sectorial “dentro de los márgenes y límites establecidos por el Departamento de Derechos Sociales”. Es decir, condiciona la negociación colectiva entre sindicatos y patronal a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno, asegurando el margen de negocio de las empresas del sector de la discapacidad y fijando de partida un tope a las reivindicaciones de las más de 800 trabajadoras/es del sector.