El Gobierno de Navarra y EH Bildu acuerdan un presupuesto que perpetúa la falta de inversión en vivienda, salud y educación
Tras la elaboración por parte del Gobierno de Navarra del Anteproyecto de Presupuesto de 2026, ha llegado el séptimo acuerdo presupuestario entre los partidos que forman el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu.
Este acuerdo, al igual que en los seis anteriores, se caracteriza porque la mayoría de los compromisos que recoge sean meras declaraciones de intenciones, creación de grupos de trabajo o elaboración de estudios. Esto es, son acuerdos que, en sí mismos, no suponen ningún cambio político o compromiso concreto. ELA quiere destacar algunos ejemplos que afectan especialmente a la clase trabajadora. En vivienda, un compromiso es realizar un estudio para valorar la posibilidad de declarar toda Navarra como zona tensionada. En cuanto a los ratios educativos, el Gobierno únicamente se compromete a presentar el estudio acordado el año pasado y elaborar un nuevo análisis sobre la posible revisión de dichos ratios. Y en cuanto al convenio colectivo de residencias, simplemente se dice que el Gobierno de Navarra intensificará su implicación en los procesos de negociación del convenio colectivo.
También se ha acordado el inicio de los trámites para el traspaso de funciones y servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluida la capacidad para dotarla de recursos humanos y materiales. Este acuerdo no significa que Navarra termine asumiendo la Inspección de Trabajo, ni mucho menos. Sobra recordar que esta transferencia habría que negociarla con el Gobierno español, esto es, entre dos gobiernos liderados por el mismo partido. En este sentido, es clara la postura contraria del PSN, que (junto con UPN, PP y los parlamentarios que se presentaron por VOX) votó en contra de una moción que instaba al Gobierno de Navarra a solicitar la transferencia de las competencias de Inspección de Trabajo, en el Pleno del Parlamento de Navarra del 22 de mayo de 2025.
En cuanto al complemento de las pensiones mínimas, ELA valora positivamente el incremento de las mismas (hasta los 15.400 euros brutos al año), siempre y cuando se lleve a cabo de forma efectiva. La dotación presupuestaria es muy escasa para una medida de este calado, sabiendo que a día de hoy hay más de 60.000 pensiones por debajo de 1.100 euros en Navarra. En este sentido, ELA cree que es necesario que se haga público a cuántas personas beneficia esta medida, implantada en el acuerdo presupuestario de 2025, del total de personas con pensiones inferiores.
En cuanto al proyecto de presupuesto de Navarra de 2026, se trata de un presupuesto condicionado por las reglas fiscales (que ya se aplican a la hora de establecer el techo de gasto) y por la negativa a realizar una reforma fiscal. Además, ELA denuncia el nulo interés del Gobierno en que el proceso de elaboración de los presupuestos sea realmente un proceso participativo.
En el presupuesto de Navarra, la aportación al Estado ha aumentado casi un 60% y el pago de la deuda y de los peajes en la sombra un 11,9% desde que UPN salió del Gobierno. Estos gastos se llevan el 22% del total del presupuesto.
Mientras tanto, se perpetúa la falta de inversión en salud y educación (Navarra está 500 millones de euros por debajo de la UE en salud, y 420 millones por debajo en educación), y no se garantiza el derecho efectivo a la vivienda, al cual sólo se le adjudica el 1,3% de todo el presupuesto.
ELA reivindica unos presupuestos que fortalezcan los servicios públicos y una reforma fiscal donde paguen más los que más tienen.